Una vez más, la Cámara de Diputados dio media sanción ayer al proyecto de ley de la diputada del SI, Alicia Gutiérrez, que declara "sujeto a expropiación" el inmueble donde funcionó el centro clandestino de detención La Calamita, en Granadero Baigorria, para construir un Museo de la Memoria en esa localidad del Gran Rosario. La iniciativa fue aprobado en varias oportunidades por la cámara baja, pero nunca pasó el filtro del Senado provincial. Esta vez, la propuesta de Gutiérrez salió por unanimidad. "Es el mismo proyecto que he presentado en sucesivas oportunidades, que ya tuvo dos o tres aprobaciones en Diputados y que luego termina cajoneado en el Senado. Esperamos que esta que esta vez, los senadores lo aprueben", dijo la legisladora. La propuesta declara sujeto a expropiación el lugar donde estuvo construida la Calamita, pero no la totalidad del predio, que es un campo de alto valor económico. Por ese centro clandestino de detención pasaron centenares de secuestrados durante la última dictadura militar, según se desprende de declaraciones de sobrevivientes, como así también de algunos dichos del represor Eduardo Costanzo, el Tucu. La Calamita era una de las "casas operativas" que tenía el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, al mando de Ramón Genaro Díaz Bessone hasta el 11 de octubre de 1976, y luego de Leopoldo Fortunato Galtieri.

"Considerando la importancia de ese centro clandestino de detención ubicado en el gran Rosario, por donde pasó gran cantidad de detenidos desaparecidos, incluso algunos compañeros que luego estuvieron en el otro centro conocido como la Quinta de Funes, y muchos otros que fueron secuestrados en Rosario, es necesario convertir ese inmueble en un Museo de la Memoria", agregó Gutiérrez. La iniciativa que debió presentar en varias oportunidades, después de que perdiera estado parlamentario por la falta de decisión política del Senado, fue impulsada por primera vez por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, hace más de diez años.

En esta ocasión, Gutiérrez confía en que la votación por unanimidad de Diputados impulse a los senadores a considerar el proyecto. De hecho, como el costo expropiar todo el terreno era muy oneroso para la provincia, la diputada provincial impulsa sólo la compra del edificio, del que quedan en pie algunas paredes y unas pocas habitaciones, tal cual eran, según pudo reconocerlas el año pasado la testigo Ema Stella Maris Buna, que declaró en el juicio oral y público contra Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Eduardo Costanzo y Walter Pagano, por delitos de lesa humanidad. El proceso terminó el 15 de abril pasado con la condena a prisión perpetua, de cumplimiento efectivo en cárcel común para los tres militares y los dos civiles que integraban el servicio de inteligencia militar del Segundo Cuerpo.