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El fiscal federal Gonzalo Stara -que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de Rosario- pidió ayer condenas

de prisión perpetua para el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, y para el ex oficial de policía José Rubén Lofiego acusados por 91 casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y 17 casos de homicidio de personas secuestradas durante la última dictadura. En tanto solicitó la pena de 25 años de prisión e inhibición absoluta para los otros tres ex policías Mario Marcote, José Scortecchini y Ramon Vergara, asi como la absolución de Ricardo Chomicki, el sexto acusado en ese expediente, un civil señalado por su presunta complicidad con los represores de la última dictadura.

Stara pidió que los imputados cumplan la pena de prisión en cárcel común bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 444 del Ministerio de Defensa de la Nación. El fiscal solicitó en relación a Díaz Bessone que se le revoque la prisión domiciliaria de la que goza, y reclamó al Tribunal que al dictar la sentencia se ordene la inmediata detención de los imputados.

El representante de la Unidad Fiscal solicitó que se remitan copias de las declaraciones de algunos de los testigos del juicio oral al Juzgado Federal Nº4 de esta ciudad, a los fines de que se investigue el posible delito de tormento contra menores que estuvieron detenidos en el SI mientras sus padres permanecieron allí. "Entendemos que esas condiciones de detención configuran el delito de tormentos", dijo. Entre otros, mencionó los casos de los hijos de Nelly de Larrosa, María Luchetti, Estela Bernal y Francisca de Espinoza, quienes estuvieron en cautiverio en el SI durante las detenciones de sus progenitores.

Stara también solicitó las copias pertinentes para que se tome

indagatoria a todos los integrantes del Centro de Operaciones Tácticas del Comando del II Cuerpo, "cuya ineludible responsabilidad surge de la descripción de la cadena de mandos que transmitía las órdenes que permitían la implementación del plan genocida". El Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el 2 de noviembre próximo, cuando comiencen los alegatos de las defensas de los imputados.