La Municipalidad de Rosario será de las primeras intendencias que aprovechará la ayuda financiera ofrecida por el gobierno nacional a través del decreto 2609 que levantó polémica en la oposición e incluso en sectores internos del justicialismo enfrentados al kirchnerismo. La semana que viene, Mónica Fein presentará ante la Jefatura de Gabinete de Ministros, que dirige Juan Manuel Abal Medina, la documentación requerida por el reglamento del decreto, que se dio a conocer el lunes pasado. Con ello adjuntará el pedido de fondos que estará en el orden de los 200 millones de pesos y serán destinados a reparaciones necesarias en el plano urbano tras los daños que dejó la inundación de diciembre pasado, y quizás a la extensión del sistema de videovigilancia y requerimientos del área de promoción social, según evaluó la secretaria de Hacienda, Verónica Irízar.

Ya en la primera semana del año, a poco de conocerse el decreto de necesidad y urgencia (DNU), Fein había develado su interés en poner a Rosario en la lista de municipios ávidos de recursos. Ayer, Irízar anunció que su cartera elaboró la información requerida y será presentada el martes a más tardar. "Es necesario profundizar la descentralización de recursos porque, como el propio gobierno reconoce, son los municipios y comunas los que están más cerca del territorio y de las necesidades de los ciudadanos. Y vemos que desde hace años, más allá de este gobierno, el Estado nacional cada vez centraliza más recursos mientras los estados provinciales y municipales han visto crecer sus gastos por atender cada vez más necesidades", expuso la funcionaria municipal.

Desde que se conoció el DNU, varias voces lo interpretaron como una maniobra del gobierno central para ganar la lealtad directa de intendentes, pasando por alto a sus gobernadores. Así lo interpretaron en el entorno del mandatario santacruceño Daniel Peralta, del propio Daniel Scioli en Buenos Aires, y también en Santa Fe, como para dejar al socialista Antonio Bonfatti en la tribuna, mirando la fila de intendentes y presidentes comunales recibiendo fondos directos desde Casa Rosada. La diputada nacional Alicia Ciciliani criticó la medida al considerar que desconoce la Ley de Presupuesto y de Coparticipación Federal y la atribuyó a "criterios partidarios electorales".

Consultada por esa posición crítica que asumió su partido, Irízar aclaró: "Desde el punto de vista institucional, el DNU no es lo más correcto. Lo ideal sería que se rediscutiera la coparticipación de los recursos, que en este país están muy centralizados, pero ante la realidad tenemos la responsabilidad ante los ciudadanos de Rosario de buscar y gestionar todos los recursos posibles para seguir atendiendo las necesidades".

La secretaria de Hacienda argumentó el planteo con el aporte que los contribuyentes rosarinos realizan a través del impuesto a las ganancias, por ejemplo: "Por cada 1.000 pesos que eroga Rosario, recibe 1,20 peso", dijo. Y añadió otros ejemplos de discusiones pendientes que forman parte del reclamo histórico local: terminar con la detracción que sigue realizando Anses aún después de vencido el pacto fiscal del '96, y elevar del 30 por ciento actual al 100 por ciento la coparticipación del gravamen a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque). "Eso significarían 136 millones de pesos más para Rosario", calculó. "El DNU, por lo visto hasta aquí, plantea resolver estas necesidades financieras de los municipios, aunque no lo haga desde una forma jurídicamente estructural", cerró.

Aunque no hay un parámetro que indique cuánto pueda pedir cada municipio, los 200 millones que solicitará Rosario se explican --dijo Irízar-- "de acuerdo con lo que esta ciudad representa, la segunda del país, y de acuerdo a los coeficientes del régimen de coparticipación federal".

Los requisitos que presentará la intendenta ante la jurisdicción de Abal Medina refieren a informes sobre la situación económico financiera y la proyección de recursos y de gastos para este año, y un detalle de endeudamiento. La solicitud recaerá en la Secretaría de Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete, donde se definirá la aprobación, rechazo u objeciones al pedido, en función de "la razonabilidad en base a la información presentada". Si el municipio consigue los fondos, a los 270 días de contar con el depósito disponible, deberá rendir cuentas del destino de los mismos a la Jefatura de Gabinete.

La intendenta Fein también tiene otro motivo para entrevistarse con Abal Medina, en este caso junto a algunos concejales. Ese fue el mandato de la reunión que tuvo esta semana con todos los bloques del Concejo para involucrarse de lleno en la problemática de la seguridad.