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En el período 2009-2012, el Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) sancionó con 20 multas y dos apercibimientos a la empresa Litoral Gas. Así lo indica un informe que llegó ayer a manos de la fiscal Graciela Argüelles, sobre lo que había solicitado apenas comenzó a trabajar en la causa por la explosión del edificio de Salta 2141, en agosto pasado, que terminó con la vida de 22 personas. Además, de las 985 auditorías que hubo en esos cuatro años, hay otros 20 trámites en proceso sancionatorio abierto. En ese sentido, no se descartan nuevas imputaciones a la distribuidora. Al mismo tiempo, la jueza Irma Bilotta citará a indagatoria a tres responsables de la administración del consorcio, dos de los cuales ya están imputados en la causa. La semana que viene, la fiscalía pedirá una batería de medidas que incluirían más indagatorias, declaraciones informativas y posibles careos.

Los datos de interés para la causa que arrojó el resultado de los controles realizados por el ente se dieron a conocer ayer, luego de que llegaran a la Justicia como parte de las pruebas para el expediente. Es que de 985 auditorias que se hicieron a lo largo de cuatro años, se detectaron irregularidades relacionadas con la respuesta a los reclamos, demoras en la atención y tardanza con respecto al suministro, según indicaron fuentes con acceso a la causa.

Los controles del Enargas apuntan a medir el cumplimiento de la normativa bajo la cual se rigen las distribuidoras. Por eso, la fiscal solicitó el informe apenas comenzó la investigación sobre las causas de la explosión en calle Salta. El informe que llegó anteayer al despacho de Argüelles abunda en detalles sobre la calidad del servicio, la seguridad en las instalaciones de gas y en las operaciones que realiza la empresa. La cantidad de reclamos de los usuarios y las respuestas, la demora en la atención telefónica y en la respuesta a los reclamos.

Frente a ello, las veinte multas que Enargas hizo a Litoral Gas van de los 10 mil a los 50 mil pesos, y tienen que ver, entre otras cosas, con incumplimientos de normas como las NAG 200, que es la normativa que regula a las concesionarias.

Por otro lado, ayer se confirmó que la jueza Bilotta --a cargo de la causa desde que el juez Javier Beltramone fue apartado tras la recusación-- ordenó las indagatoria solicitadas por la fiscal. De esa manera, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli, ambos imputados en la causa, declararán el 1º de noviembre. Se trata de una ampliación de indagatoria, ya que en la primera oportunidad que fueron citados por Beltramone se abstuvieron. En tanto, Norma Bauer de Calvillo, quien estuvo presente en la asamblea de consorcio del 2 de agosto, será indagada por primera vez el 4 de noviembre.

La citación surgió de los testimonios de vecinos del edificio contra los administradores, acerca de una falta de aviso a Litoral Gas ante las irregularidades previas a la explosión, en el edificio siniestrado.

Además, la magistrada requirió a los efectores donde estuvieron internados los heridos, que remitan las historias clínicas de esos pacientes para determinar el tipo de lesiones que sufrieron. Y pidió que el Instituto Médico Legal envíe las autopsias de los fallecidos, porque sólo se enviaron dos de las 22 que deberían haber llegado.

Por otra parte, Bilotta recibirá declaración testimonial a los damnificados y familiares de fallecidos que no habían podido concurrir anteriormente.