La causa que investiga los motivos de la explosión del edificio de calle Salta 2141 sumó ayer la imputación de Norma Bauer de Calvillo, otra responsable de la administración del consorcio, que se abstuvo de declarar. Su hija, Mariela Calvillo, y su yerno, Carlos Repupilli, ya están acusados por "faltar a su deber" como parte de la sociedad que administraba el consorcio. Sin embargo, la de ayer es la primera imputación que se agrega al expediente desde que la jueza Irma Bilotta se hizo cargo de la investigación tras el apartamiento del juez Javier Beltramone.

Con el trámite de ayer, todos los socios de la administración quedaron implicados. Bauer de Calvillo utilizó su derecho de abstenerse a declarar ante Bilotta, quien la citó como otra de las responsables porque debía custodiar por la seguridad de los bienes comunes de los habitantes del edificio siniestrado el 6 de agosto pasado. Aunque la mujer se negó a contestar preguntas de la magistrada y de la fiscal Graciela Argüelles --tal como lo hicieron su hija y el marido--, se le imputó el delito de "haber incumplido el deber a su cargo, para conservar los bienes comunes sobre las instalaciones; y haberse apartado de la normativa vigente".

Lo llamativo fue que Calvillo hija y Repupilli se habían abstenido a declarar frente al juez Beltramone (cuando fueron imputados), pero apenas Bilotta tomó la causa, el abogado Víctor Corvalán pidió una ampliación de indagatoria a la magistrada para estos dos acusados, donde nuevamente se abstuvieron, la semana pasada. Ahora, la acción se reiteró con Bauer.

Las responsabilidades de los titulares de Calvillo Propiedades se comenzó a complicar luego de las declaraciones testimoniales de las familias de las víctimas, sobrevivientes y damnificados por el estrago culposo agravado. El accionar de los administradores fue cuestionado por los vecinos durante los días previos a la explosión que terminó con la vida de 22 personas. Al parecer, frente a los inconvenientes con el suministro de gas, los responsables les manifestaron a los inquilinos que evitaran llamar a Litoral Gas. Además, Bauer de Calvillo fue vista por varios vecinos colocando carteles en el edificio con el número de teléfono del gasista para que los propietarios tuvieran ese contacto y lo llamaran a él. También intercambió correos electrónicos con los propietarios, quienes estaban preocupados por la situación en torno al problema con el servicio, en el inmueble, que iba de la fuga de gas a la baja presión.

Otra de las medidas decretadas por la jueza en el marco de la investigación judicial, es la indagatoria, este viernes, el gasista José Luis A., quien realizó trabajos previos al de Carlos García --que estuvo el mismo día de la explosión-- en el gabinete de la instalación de gas en Salta 2141.

La jueza hizo lugar también, por pedido de la fiscal Argüelles, a la declaración indagatoria de cinco personas, entre empleados y funcionarios de Litoral Gas sobre la cual está puesta la lupa. En los próximos días se sabrá la fecha para esa medida.

Para las próximas horas se esperan los resultados de las pericias sobre el regulador y las instalaciones de gas que realiza en Mar del Plata la empresa GIE, desde el 16 de septiembre pasado. Fuentes con acceso al expediente plantearon que esa prueba es "un elemento más" dentro de la causa, que será analizado y valorado, pero que no será definitivo para el rumbo de la causa y la definición de responsabilidades que se intentan determinar.

En tanto, el martes de la semana que viene, se realizará la audiencia de admisión de querellantes. Será la primera reunión en este sentido, frente a la presentación de tres abogados que representan a una decena de familias damnificadas tanto como víctimas de pérdidas de familiares como materiales.