El ex jefe de la Unidad Regional II, Néstor Arismendi, se sentó ayer en el banquillo de los acusados frente al juez de instrucción Luis María Caterina, ante quien debió dar explicaciones por las "inconsistencias" detectadas en su patrimonio a partir de una investigación de la Dirección de Asuntos Internos de la policía de Santa Fe. El magistrado lo citó a indagatoria luego de estimar como "suficientemente fundada" la sospecha de que adquirió propiedades en forma indebida, al delegarlas a nombre de testaferros.

Arismendi se presentó acompañado por su abogado defensor Víctor Sosa, quien comparte la defensa junto a Raúl Superti, hermano del ex ministro de Justicia del binnerismo Héctor Superti.

El ex jefe policial negó la acusación, evitó responder preguntas y se remitió a su descargo de justificación en la contestación del informe de Asuntos Internos sobre sus bienes.

La investigación acusatoria determinó el modo en que Arismendi fue adquiriendo propiedades a las que ponía a nombre de terceras personas para evitar problemas legales. Un nombre que aparece como propietario formal de viviendas compradas por Arismendi provocó especial sorpresa en el juzgado. Es un hijo de Leonardo Popea, un hombre que en junio fue procesado como organizador de una red de traficantes de droga que operaba en cinco ciudades de la provincia.

Arismendi, que fue el conductor de la policía rosarina hasta abril del año pasado, negó en forma rotunda los cargos de enriquecimiento ilícito. En este sentido en su descargo anterior ya había manifestado que sus posesiones eran muchas menos que las que se le atribuían, que están legalmente declaradas y que no disimuló ninguna otra mediante la delegación a terceros.

La investigación de Asuntos Internos señaló, sin embargo, que de manera subrepticia fue engordando su patrimonio, y que se le detectaron bienes a nombre de personas interpósitas, algunas de los cuales son familiares o personas afines.

Una de las compras fue la adquisición de cuatro viviendas internas en Maipú al 900. Dos de ellas aparecieron escrituradas en favor del hijo de Popea y las otras dos a nombre de su suegra. Estas viviendas fueron vendidas por una mujer que ofreció en sede judicial un testimonio considerado muy valioso. Señaló a Arismendi como el comprador de las cuatro casas pero dijo que al momento de la escrituración, en la escribanía, el ex jefe de la Unidad Regional II rompió el boleto de compraventa que había firmado con ella. Y que en el acta notarial se inscribieron los nombres de las personas que aparecen como dueños. Esas viviendas fueron escrituradas a unos 500 mil pesos en total, luego refaccionadas y finalmente puestas a la venta a un precio notoriamente más alto.

También la pesquisa posó su interés sobre un inmueble de cuatro hectáreas entre Zavalla y Pérez. La casa enclavada en el lote era inicialmente precaria pero con el tiempo fue convertida en una vivienda magnífica, con pileta. En el Registro de la Propiedad aparece como dueño un cuñado del jefe policial. Por este punto también declaró ayer un hombre de apellido Fernández, familiar del ex jefe policial, imputado de ser uno los testaferros y señalado como cómplice de la maniobra ilícita.