Jueces, ministros, abogados, legisladores, funcionarios políticos y judiciales colmaron ayer el hall central de Tribunales, donde se manifestaron contra la conspiración para asesinar al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini. El presidente de la Corte Suprema santafesina, Rafael Gutiérrez, instó a "tomar conciencia de la gravedad institucional que tiene la situación que se está viviendo. A ningún miembro del Poder Judicial lo van a amedrentar con amenazas. Seguirán investigando como se hizo siempre; hasta las últimas consecuencias", enfatizó. En tanto, el fiscal Camporini aseguró que "a nadie le gusta estar en la nómina de posibles asesinatos. De valiente no tengo nada, y de héroe tampoco. Vamos a seguir adelante", reafirmó sobre la investigación a la banda de Los Monos. La intendenta Mónica Fein y el vicegobernador Jorge Henn sumaron su apoyo. El juez Vienna no asistió.

Luego de que el viernes pasado tomara estado público una comunicación entre dos presos que apuntaba a terminar con la vida de un juez y un fiscal, el Colegio de Magistrados y el Foro de Abogados organizaron un acto en el que dejaron claro que las investigaciones a organizaciones delictivas seguirán adelante. Al término del encuentro, Fein abrazó al fiscal Camporini y le manifestó su solidaridad. También estuvieron el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto; el de Gobierno, Rubén Galassi; y el de Justicia, Juan Lewis; el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, legisladores nacionales y provinciales, y concejales.

Mientras la convocatoria sumaba apoyo, antes del acto, el fiscal de Cámaras aseguró que lo que más le preocupa de las amenazas recibidas es la cuestión institucional del Poder Judicial. "La frase que se utiliza cuando se dice `hay que llevarse puesto a un juez o a un fiscal, para que entiendan que no tienen el poder', es un mensaje que busca demostrar que ellos lo tienen", consideró. "Este 'bocón' va a seguir adelante", afirmó Camporini soltando una sonrisa al utilizar el término con el que se refieren a él los detenidos Germán Almirón, ex policía, y Aaron Treves, en las escuchas.

"No me gustaría que terminemos como en Colombia, donde todos los delitos de crimen organizado de los '90 se juzgaron con jueces con el rostro cubierto. Si acá pudimos llevar a genocidas a juicio poniendo la cara, nunca estas organizaciones pueden llevarnos a esconderla. Creo que esto forma parte de la función que se tiene, que hay que tomar recaudos y no minimizar nada, pero lo que preocupa es la institución y que haya organizaciones poderosas que pueden estar por encima de las instituciones constituidas".

También destacó que "hay una sincronización de ambas justicias, que quedó de manifiesto con la inmediata comunicación del juez Federal Carlos Vera Barros, cuando tuvo conocimiento de lo que estaba pasando. Esto puede venir con muchos sentidos, pero el Poder Judicial no puede verse atemorizado con este tipo de cosas".

Ariel Ariza, presidente del Colegio, manifestó "expectativa de que todos los poderes del Estado articulen una política común a la hora de desbaratar este tipo de accionar". Y solicito que "se desmantelen las estructuras que hicieron posible que se trame este tipo de actitud desde un instituto penitenciario, porque son hechos que no se tienen que volver a repetir". "Lo que se quiere obstaculizar es el accionar estatal tendiente a juzgar delitos", dijo. Y pidió "compromiso para garantizar la preservación de la integridad física de los involucrados y de los encargados de investigar otros hechos de criminalidad organizada".

El presidente de la Federación del Colegio de la Magistratura, Víctor Vélez planteó que "lo que está pasando hoy en Rosario es realmente grave. El hecho de descubrir un plan para matar a cualquier persona es grave, pero lo es doblemente cuando incluye a dos servidores públicos. La cuestión se torna insoportable, y hoy traigo el mensaje de 13.200 jueces, fiscales, secretarios y defensores de nuestra agrupación. Todos piensan así", dijo.

Gutiérrez fue el último orador del acto, y destacó la presencia del arco político. "El narcotráfico en nuestra provincia jaquea a las instituciones. Esto es una responsabilidad no solo de los tres poderes del Estado sino de la ciudadanía que debe colaborar a los fines de que estos hechos no se repitan. En este momento estamos todos hombro a hombro, poniendo todos la misma fuerza para luchar contra esto".

El ministro Lamberto instó a investigar "a fondo" la situación que quedó expuesta. "Sabemos, porque lo hemos vivido en carne propia, lo que son las amenazas y lo que significan estos planes. Los responsables, públicos o privados tienen que pagar las consecuencias", aseguró. En tanto, Galassi apuntó a que las reacciones de los grupos amenazantes tienen que ver con "la lucha contra el crimen organizado" en la provincia.