Con una movilización pródiga en color, algarabía y música, pero también de desconsuelo en las fotos de pibes asesinados en el último año; la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia entregó ayer en el Concejo Municipal el proyecto para declarar la Emergencia en el área. La vicepresidenta primera del cuerpo, Norma López, recibió la iniciativa, que ingresó poco después de las 18 por mesa de entradas. En 5 artículos, la iniciativa plantea "optimizar recursos", "reasignar partidas presupuestarias", "coordinar acciones" entre los tres niveles del estado y desarrollar "un plan de abordaje claro y estable en materia de niñez y juventud". Afuera del Palacio Vasallo, alrededor de una tarima armada ad hoc, chicas y chicos bailaban al compás de la murga, después de la marcha que llegó en plena tarde gris, desde la Plaza Pringles.

Entre centenares de manifestantes, y detrás de una bandera negra con la leyenda "Justicia por David", estaba Lorena Torres, la mamá de David Moreira, el chico de 18 años asesinado a manos de un grupo de vecinos de barrio Azcuénaga. La mujer llevaba en la mano un cartel de papel madera que decía "Ni un pibe menos", con la foto de su hijo, sonriente, con la camiseta de central. Elías, el hermano menor de David, también marchó.

Las fotos se multiplicaban en la marcha. Hubo varias de Emanuel Cichero, de barrio Ludueña, asesinado por la policía, era uno de los jóvenes --tenía 25 años-- cuyo rostro se repetía. Las fotos las llevaban su tía, su mamá y amigos. Emanuel fue testigo de un caso de gatillo fácil --el de Brian Saucedo, de 18 años, el 11 de septiembre de 2013--; lo denunció en los medios y dos meses después, el 6 de noviembre, fue asesinado por la espalda cuando iba en moto. Otra imagen que pudo verse fue la de Gaby Aguirre, asesinado a los 13 años, en octubre de 2013, también en barrio Ludueña.

De la marcha participó Varón Fernández, del Bodegón Cultural Casa de Pocho, uno de los chicos que trabajó con Pocho Lepratti, hoy adulto. "Vivimos adentro del barrio, sentimos lo que pasa como algo que ya no pasó y que nos está pasando. Es la historia de mi vida, por haber nacido donde nací. Lo poco que podemos hacer es trabajar para que los chicos puedan elegir qué hacer. Y hay un nudo vital que tiene que ver con desatar por qué nos pasa lo que nos pasa", dijo en medio de la marcha, mientras llevaba la bandera del Bodegón.

Las organizaciones sociales convocantes eran de lo más diversas. Causa y Efecto, que realiza su tarea en Villa Banana; Saltando Charcos, de Fuerte Apache; la Central de Trabajadores Argentinos seccional Rosario; el Frente Popular Darío Santillán Línea Nacional, fueron algunas de las tantas banderas que se pudieron ver por calle San Luis hasta Buenos Aires, y luego desembarcaron en el Concejo.

Ya en el acto, una nena de unos siete años se subió a la tarima para reclamar por las viviendas para las familias de Doctor Riva y Rouillón, que fueron desalojadas la semana pasada del acampe frente a la Dirección Provincial de Viviendas. "No somos ladrones", dijo otra niña del mismo grupo en el escenario.

Adentro, integrantes de la Asamblea entregaban el proyecto de ordenanza. El primer artículo declara "la emergencia pública" en materia de niñez y adolescencia en Rosario para "optimizar todos los recursos municipales necesarios para el correcto y eficaz funcionamiento de las políticas públicas para promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como también su coordinación con los programas de jurisdicción nacional y provincial". También plantean que el Departamento Ejecutivo reasigne las partidas presupuestarias necesarias". El Ejecutivo deberá enviar al Concejo un informe semestral de las "políticas y dispositivos municipales en funcionamiento", que también deberá publicarse en el sitio web de la Municipalidad. Y además, se crea el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad. Sólo el 1,8 por ciento del gasto público social está destinado a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y el 55 por ciento de los trabajadores que llevan adelante las políticas de protección integral están precarizados.