La jueza de Menores Dolores Aguirre Guarrochena aseguró que la orden de traslado de los jóvenes detenidos en el Instituto de Recuperación del Adolescente (Irar), a penales de mayores, fue "una decisión largamente meditada". En un comunicado, dijo que la resolución de las cuatro magistradas de Menores de Rosario y su par de San Lorenzo, fue "ante la falta de respuestas serias en una situación ciertamente compleja y que su objetivo fue velar por el respeto a los Derechos Humanos consagrados en los Tratados Internacionales", señala un comunicado. Hasta ayer, el traslado no se había concretado.

A mitad de la semana, las juezas de Menores, Aguirre Guarrochena, Gabriela Sansó y Carolina Hernández, junto a su par sanlorencino, Nelson Fogliato, ordenó a la dirección del IRAR que traslade a los adolescentes en conflicto con la ley penal a dependencias del Servicio Penitenciario santafesino hasta que la institución de Menores sea reformada. En concreto, dispusieron el envío a cárceles provinciales de unos treinta internos.

Para la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) es "una verdadera locura", la orden dirigida a Jimena Staurini, directora del cuestionado instituto de encierro, para que "de inmediato y en un plazo no mayor a 24 horas efectivice el traslado de los menores que estén a disposición de este juzgado alojados en los pabellones A, B, F y G en coordinación con la Dirección de Justicia Penal Juvenil, a otro centro de detención a puertas cerradas dependiente del Servicio Penitenciario con presencia permanente de personal de Justicia Penal Juvenil en todos los casos y donde se garanticen condiciones de salubridad, integridad física y psíquica, contacto con la familia, trato digno, y alojamiento separado de internos mayores de edad".

"La alegada 'especificidad' -supuestamente vulnerada en la resolución cuestionada- entra en crisis cuando desaparece algo anterior: la dignidad. La sobriedad que debe caracterizar el ejercicio de la Magistratura impide responder a expresiones agraviantes que no tienen ninguna fuerza transformadora de la realidad", dice el comunicado de Guarrochena.

Por su parte, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes definió acciones ante la orden judicial. Su titular, Analía Colombo, se constituyó -sin previo aviso- ayer al IRAR, para recorrer el edificio y constatar las condiciones edilicias y de higiene del lugar donde actualmente se alojan 25 jóvenes. Si bien había empresas de limpieza, señaló que las "condiciones estructurales necesitan reformas".

La defensora entendió que "el derecho a la libertad personal conlleva importantes particularidades en el caso de jóvenes menores de 18 años, como ha expresado la Corte Interamericana".