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Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámar de Diputados de la Nación manifestaron a la justicia y al gobernador Antonio Bonfatti su "preocupación por la causa que investiga la desaparición y muerte de Franco Casco". El 3 de diciembre pasado, los diputados nacionales Remo Carlotto, Leonardo Grosso y Eduardo Seminara recibieron a la familia de Franco Casco, de 18 años, desaparecido el 6 de octubre de 2014 y hallado sin vida en el río Paraná, a la altura del Parque España, el 30 del mismo mes y año, en la Ciudad de Rosario.

Franco se encontraba de visita a unos familiares en Rosario y se disponía a retornar en tren a Buenos Aires, donde lo esperaban sus padres quienes al advertir que su hijo no llegaba, iniciaron su búsqueda. En el marco de informaciones contradictorias brindadas por el personal policial de la Comisaría 7a de Rosario, le dijeron a los padres del joven, Ramón Casco y a Elsa Godoy, que Franco habría estado detenido allí el 6 o el 7 de octubre, y puesto en libertad el mismo día. "Las circunstancias del caso hacen sospechar la desaparición forzada de Franco, suceso por el cual deben ser investigadas las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe", consideró el abogado de la familia Casco, el Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, y lamentó que "la Justicia, lejos de adoptar medidas urgentes y necesarias para esclarecer esta grave sospecha y las irregularidades policiales, se avocó a discutir la competencia provincial o federal del asunto".

Los diputados Remo Carlotto, Leonardo Grosso, Josefina González, Ana Carolina Gaillard, Eduardo Seminara, Ana Carolina Gaillard, Marcos Cleri, Araceli Ferrerira, Adela Segarra, Antonio Riestra y Horacio Pietragalla expresaron su preocupación y remitieron notas a la Cámara Federal de Rosario, al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti; y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En las mismas se solicitó que, "en la esfera de su actuación, se adopten medidas urgentes e idóneas para producir pruebas, separar a los involucrados del caso y otras pertinentes para el esclarecimiento y la sanción de los responsables".

Los legisladores se refirieron específicamente a la cuestión de competencia, que hoy espera la resolución del juez Carlos Vera Barros, encargado de decidir si toma el caso. "Solicitamos celeridad en dirimir este punto, ya que esta incidencia entorpece la investigación, máxime cuando que el tribunal superior ya se expidió sobre la competencia federal de esta figura en recientes casos similares", expresaron.