"En Santa Lucía es más fácil acceder a un arma que a un Remis". La frase pertenece a Melina, integrante de Los Muñe, una organización Social que trabaja en el barrio desde hace dos años y medio. Su denuncia es contundente y explica las razones de fondo por las cuales los homicidios proliferan en el barrio. En los primeros 19 días de enero, hubo 22 muertes violentas en Rosario, tres se produjeron allí, en tan solo 36 horas. "Los pibes quedan atrapados en medio de una lógica perversa en la que bandas narco se disputan territorio y poder", dice. La frase de inicio no es alegórica. Desde las 21 hasta las 6 de la mañana, los colectivos no ingresan a Santa Lucía, menos aún taxis o remises. Paradójicamente las armas proliferan. Pero no es un caso aislado. La Asamblea por los Derechos de la Niñez conformada por trabajadores del área y organizaciones, barriales, sociales y políticas de base, confluyeron el jueves en la sede ATE, y emitieron un comunicado en el que proponen un funeral de la Ley de Protección Integral de los niños, por considerarla "letra muerta", en Rosario.

"Los pibes asesinados tienen menos de 23 años. Y lamentablemente parece no haber opción para ellos. El barrio está marcado por la deserción escolar, la mayoría ni siquiera empieza el secundario. Encima no hay un club, una cancha de futbol" nada. La identidad se construye desde la violencia y la portación de armas", explica Melina. Y aclara que no se trata de la voluntad de los docentes, que trabajan con las organizaciones sociales intentando reinsertar a estos chicos en las escuelas, sino de un sistema que no los incentiva a elegir otro camino. Encerrados en una trampa mortal, en una ruleta rusa, la vida transcurre a sangre y fuego.

Y esa identidad esta explícitamente fogoneada desde los sectores narcocriminales. En la asamblea, quienes caminan los barrios de la ciudad coincidieron en que las mutaciones de modalidad del delito organizado siguen teniendo como carne de cañón, como eslabones débiles de la cadena narco a los pibes, desde los doce años o menos. El derribo de los bunkers no significo ni por lejos el fin del comercio de estupefacientes.

"Ahora esos chicos, que eran custodios de los bunkers trabajan haciendo deliverys, llevando la droga a domicilio. Y para eso están armados. Algunos son criaturas", describieron consternados quienes llegaron al lugar para exponer la realidad y evidenciaron una sensación de impotencia ante situaciones de desidia que atraviesa la periferia de la ciudad. Todos coincidieron en que las políticas públicas son débiles o sencillamente están ausentes a la hora de enfrentar lo que ocurre.

El escrito denuncia la ausencia de un estado que pone en marcha "políticas que no llegan a tener impacto sustantivo". Por poner un ejemplo, en el marco del programa provincial Nueva Oportunidad que lanzo el gobierno provincial, en Santa Lucia se realizó un curso de panificación que comenzó en septiembre y según cuentan los trabajadores sociales del lugar, se levantó tres meses después sin previo aviso.

"Son programas desfasados que ofrecen una capacitación y les pagan a los chicos 300 pesos por mes, cuando ese dinero ellos lo consiguen en un día. Y encima, cuando logramos que diez chicos se interesen, lo sacan", se quejó una de las integrantes de Los Muñe. "¿Cómo hacemos para que ese chico vuelva a darle una chance a otra propuesta" Lo más probable es que no le crea. Es lo que sucede", explicó.

Fue en Santa Lucia donde acribillaron a la víctima más joven en lo que va del año, se llamaba Mario y tenía 15 años. Estaba en la puerta de su casa cuando irrumpieron los disparos. Según se supo, quedo en un fuego cruzado entre dos bandas pertenecientes a una misma familia que disputaban por territorio. A las pocas horas falleció el tío de la víctima, de 23 años, que había quedado herido en el mismo incidente. Menos de 24 horas después otro chico, Lucas de 20 años, murió acribillado también en la puerta de su casa, ubicada a metros de donde vivían las primeras víctimas. "Yo cumplí con lo que me dijo el fiscal, mande a mi hijo a trabajar" pero estos infelices no le dieron oportunidad", lloró la madre de Lucas ante los medios de comunicación.

Para las familias esa realidad también se vuelve un callejón sin salida. No cuentan con demasiadas herramientas porque cuando intentan buscar una rehabilitación para sus hijos, inmersos en el mundo de las drogas, descubren que no hay un instituto estatal que los reciba. El espacio prometido para Rosario por el SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) nunca se construyó.

Pero no solo falta espacio para adolescentes en riesgo. Por ley, hay casos excepcionales en los que niños cuyos derechos estén vulnerados por abuso sexual, violencia física u otros tipos de maltrato no pueden volver con su familia sino que deben ser acogidos por una institución. Los trabajadores de la dirección de niñez y adolescencia que participaron de la Asamblea, denunciaron que muchas veces esas excepciones no se pueden llevar a cabo por falta de lugar en los refugios estatales. "Estamos hablando de que hay niños cuyos derechos se vulneran sistemáticamente por falta de presupuesto", explico indignada Liliana Leyes.

Y añadió: "Lo mismo sucede con algunas mujeres que padecen violencia de genero. Los refugios no dan abasto y en muchos casos son personas que no tienen recursos económicos para irse del lugar. A veces plantean su situación en los centros de salud, pero no se les puede dar respuesta y ella y sus niños se ven sin salida".

A propósito de eso, en el encuentro de los integrantes de la Asamblea surgió el caso de Joana Galarza, de barrio Parque Casas. Su madre había hecho publica la violencia a la que la sometía el novio de la joven. Pidió ayuda, pero nunca llego. El miércoles pasado por la noche, Joana fue asesinada de cuatro puntazos, con su bebe en brazos. Al parecer su novio quería que ella le consiguiera un dinero para pagar una deuda narco y ante la negativa la asesino. Tenía 23 años y dejo a dos niños huérfanos.

Por su parte Facundo Peralta, integrante de la ONG Causa y Efecto, que trabaja en Villa Banana remarco la necesidad de fortalecer a las familias. "Cuando se separa a un chico de su madre porque no cuenta con las más mínimas condiciones de higiene, por ejemplo, el estado debe hacer algo para ayudar e integrar a esa madre. Lo que nosotros vemos a menudo es que después de un tiempo el niño regresa y encuentra las mismas condiciones de vida". La falta de contención es el caldo de cultivo de muchas reacciones violentas.

Las disputas entre los jóvenes tienen numerosos motivos: territoriales, familiares, pasionales. "El problema es que siempre terminan a los tiros. Todo se dirime así. Es necesario investigar quienes les proveen las armas a los pibes", reclamó.

Pese a todo, las organizaciones están decididas a no dejar los barrios. La agrupación Los Muñe, de Santa Lucia está conformada por estudiantes universitarios y trabajadores de entre 20 y 25 años. Realizan acompañamiento escolar, y varios talleres entre los que se cuenta la elaboración de instrumentos musicales como cajones peruanos. "Nos quedamos porque creemos en los pibes y pibas con los que trabajamos todos los días, ellos tienen un corazón enorme. Pero cuando te los matan, te quedas sin herramientas. Es muy duro", reflexiona angustiada Melina.

Afirma que después de los tres homicidios el barrio esta lastimado. Pero no ha habido una intervención del estado que permita vislumbrar transformaciones en el corto plazo.

Lo cierto es que trabajadores y militantes acordaron incorporar la vulneración de los derechos de los niños a la agenda pública de la ciudad realizando una movilización masiva, con un "velorio" a la ley de protección integral por considerarla letra muerta. Mientras tanto, consterna la pregunta que dejan pendiente: ¿Qué hacemos ante la muerte de los pibes en los barrios rosarinos, que lejos de cesar, se acrecienta de manera escalofriante"...Solo responde el silencio.