Los defensores de Pablo Alejandro Espíndola y Emanuel Sandoval no se rinden. Los acusados por el atentado a la casa del gobernador Antonio Bonfatti, el 11 de octubre de 2013, continúan con prisión preventiva pese a la decisión de la jueza Alejandra Rodenas de otorgarles prisión domiciliaria. Es que el fiscal Enrique Paz apeló esa decisión, y el juez Alfredo Ivaldi Artacho le concedió el recurso en pleno enero. Los abogados José Nanni y Marcos Cella arguyeron que la morigeración de prisión no es apelable y ayer agregaron un dato más: la "inaplicabilidad de la doctrina legal", ya que en una resolución del 13 de enero pasado (una semana antes de la firmada por Ivaldi Artacho), el juez Otto Crippa García rechazó la apelación fiscal al otorgamiento de libertades o atenuación de prisión.

Sandoval, conocido como Ema Pimpi, está procesado desde noviembre por "el delito de amenazas agravadas por el anonimato y uso y abuso de arma de fuego y daño", mientras que Espíndola, que era suboficial de la policía provincial, está imputado por "presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado en calidad de autor". En diciembre, Rodenas les dictó a los dos la prisión domiciliaria, pero enseguida el fiscal apeló esa medida.

El recurso presentado por Nanni y Cella indica que "se ha tomado conocimiento de que otros miembros de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, han resuelto todo lo contrario en el mismo tema, generándose una grave contradicción que afecta la seguridad jurídica y el estado de derecho". Crippa García había declarado "inadmisible" la apelación de un fiscal a una libertad otorgada a dos acusados por homicidio calificado. La resolución fue una semana antes que Ivaldi Artacho hiciera lo contrario. "Causa una grave inseguridad jurídica que haya este tipo de contradicciones sobre un tema tan medular como la detención de una persona. La ley es clara al respecto, y no habilita su revisión por la Cámara de Apelaciones. Sólo se debe aplicar la ley y no hacer politica con causas judiciales", le dijo Nanni a Rosario/12.

En el escrito, sostienen que "está en juego la seguridad jurídica, ya que dos miembros de esta Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Penal resuelven frente a un mismo problema, de manera contradictoria, por lo que se implora unificar la jurisprudencia de esta Cámara".

Lo que sobrevuela el escrito es que los imputados continúan presos porque se trata del atentado a la casa del gobernador, ya que desestiman que existan un "gravamen irreparable" en la prisión domiciliaria. Los abogados recuerdan el principio de igualdad ante la ley. "Se están violando numerosos principios constitucionales en la tramitación de esta causa judicial. Todo por ser fiel y leal al gobierno de turno, quien no pudo explicar numerosas cuestiones de esta causa, ni mucho menos en otras. Todavía no pudo determinar el movil del supuesto atentado. O no se quiere, o no se puede investigarlo", subrayó Nanni, abogado defensor de Sandoval.