El diputado provincial Eduardo Toniolli presentó un pedido de informes sobre "obras millonarias adjudicadas por gestión directa por el gobierno de Bonfatti, en el marco del Plan Abre, con la excusa de la aplicación de la Ley de Emergencia en Seguridad", aún cuando, señaló, "los montos sobrepasan enormemente los permitidos por esa norma, y deberían adjudicarse por medio de licitaciones públicas".

En ese marco, el diputado del Frente Para la Victoria denunció "la recurrencia del Ejecutivo Provincial en saltearse los mecanismos de contratación de servicios o de compras de bienes que imponen las leyes de la administración o la Ley de Emergencia en Seguridad", agregó que "ésta última pone como tope para las gestiones directas los 150.000 pesos, y la Ley de Contabilidad los 200.000 pesos, además de prohibir que las erogaciones mayores a los 400.000 pesos se realicen por otro mecanismo que no sea la licitación pública, salvo que puedan justificarse circunstancias imprevisibles, como una catástrofe natural ---por ejemplo-- que impida por su urgencia la realización de otro procedimiento", y ejemplificó: "aún estamos esperando la respuesta a un pedido de informes aprobado por unanimidad en la Cámara el año pasado, en la que cuestionábamos la compra directa de dos camiones hidrantes por 6.600.000 pesos".

"Ahora nos encontramos que el gobernador Bonfatti habilitó, por medio del Decreto Nº 1940 del 4 de setiembre del año pasado, inversiones millonarias realizadas por la Secretaría de Hábitat en el marco del "Plan Abre" sin licitación alguna y sin el contralor del Registro de Licitadores (que lleva los antecedentes y constata la capacidad de las empresas), todo ello sin justificar de manera racional cuáles son las circunstancias 'imprevisibles' que lo llevaron a ello", señaló Toniolli, y detalló algunas de esas adjudicaciones directas: "por el Decreto 5127 del 2014 se le adjudicó a la empresa Epreco S.R.L. la construcción de 191 viviendas por un monto de $ 110.033.252,61; por los Decretos 5128 y 5129 se le adjudicó a Dycasa S.A. (ex concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe) la construcción de 134 viviendas por $ 75.213.474,51, y otras 148 por $ 82.967.362,44; por medio del Decreto 4494 se le adjudicó de forma directa a Inar Vial S.A. la pavimentación del acceso a Alto Verde en $ 14.208.536,60".

El legislador peronista agregó que "en todos los casos, las ofertas se encuentran entre un 15 y un 20 por ciento por encima del presupuesto oficial y a todas las empresas se les otorgó un 20 por ciento de anticipo financiero".

Con todos esos datos en la mano, el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja fundamentó su pedido. "Exigimos que se nos informe inmediatamente si en todas las contrataciones directas realizadas o en trámite en el marco del Plan Abre se efectuó la comunicación previa a los organismos de contralor, como dispone la Ley de Contabilidad, y si es así solicitamos que se nos envíe los informes emitidos en cada caso, respecto de la justificación de la urgencia para la compra directa", señaló Toniolli, y remató: "estamos hablando de inversiones por 292 millones de pesos, con fondos provinciales y nacionales, adjudicados de forma directa -sin pasar por ninguna licitación- por un gobierno que dice tener uñas cortas y manos limpias, pero utiliza mecanismos que facilitan la corrupción, el desvío de fondos y los favores a empresas amigas".