La Justicia allanó ayer tres dependencias policiales con las Ramón "Monchi" Machuca, uno de los prófugos de la banda de Los Monos, se comunicó en febrero pasado, con supuestas intenciones de entregarse. La investigación comenzó en marzo, luego de que un empleado policial de la localidad de Funes se contactara con la jueza Alejandra Rodenas para decirle que había recibido en su teléfono mensajes y llamadas de Monchi, presuntamente "agobiado" por su estado de clandestinidad. Ese aparato fue peritado, y el número desde el cual se contactaba el prófugo fue intervenido. El rastreo arrojó que el móvil estaba en la zona de Palermo, en Buenos Aires, cerca de un estudio de televisión para el que Monchi había dado reportajes. Sin embargo, el acusado se habría deshecho del aparato y del chip, tras usarlos para esas comunicaciones. Al detectar las llamadas salientes, la jueza mandó secuestrar los libros de guardia de las seccionales para establecer quiénes atendieron a "Monchi" en la Comisaría 6º y las oficinas de Inspección de Zona, que se encuentran en la planta alta; y en la comisaría 27º de Arroyo Seco, donde estaba detenido Diego "el Panadero" Ochoa, líder de la barrabrava de Newell's, acusado del homicidio de su antecesor en el paravalancha, Roberto "Pimpi" Camino. Según pudo saber este diario, hay comunicaciones de hasta cuatro minutos.

A media mañana de ayer, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) inspeccionó las dependencias policiales, luego de que el estudio de llamadas realizadas desde el número de teléfono -chip- que tuvo Monchi arrojara que existieron comunicaciones a esos lugares, durante un mismo día del mes de febrero. Son comunicaciones de 1.30 minutos a la seccional 6º; de 1.20 minutos a Inspección de Zona; y de 4.36 minutos a la seccional de Arroyo Seco. Todas en horario vespertino.

La pesquisa se inició cuando un policía de Funes llegó al juzgado de Rodenas, hace menos de tres meses. Dijo estar recibiendo llamadas y mensajes de texto de un número que creía era de Machuca, quien le decía que quería entregarse a la Justicia, pero al parecer intentaba "tantear" el panorama antes de hacerlo.

Quienes lo vieron en el juzgado indicaron que al hombre se lo vio "nervioso y asustado". Si bien primero negó tener vinculaciones con el último de los Cantero prófugo, luego indicó que en una oportunidad, cuando Monchi estuvo demorado por otra causa, se habían conocido; pero la versión quedó poco clara. Incluso, fuentes cercanas a la investigación indicaron que la conducta del uniformado no había sido justamente intachable.

Ahora la investigación avanza para intentar averiguar por qué Monchi se comunicó con estas dependencias, ya que el contenido de los llamados aún es una incógnita. Ese día, el policía funense dejó voluntariamente su teléfono en el despacho de la magistrada para que sea examinado. Así, días atrás, con los peritajes advirtieron sobre tres llamadas poco comunes. "¿Qué hace Machuca comunicándose con esas seccionales policiales cuando tiene captura nacional e internacional?", es el interrogante.

Fuentes del expediente señalaron que hubo intentos de comunicación al supuesto número de Machuca, pero éste nunca respondió. Las celdas detectaron que el aparato sin el chip portador del número estaba en la zona del barrio porteño de Palermo, cerca de un canal de televisión, y -según trascendió- será entregado.

Ahora, con los libros de guardia de las dependencias policiales en poder de la Justicia, se intenta dar con el personal que trabajó en la fecha y hora que se recibieron los llamados, para intentar determinar por qué llamó Monchi, con quién habló, con quién quería hablar y cuál era el contenido de los diálogos.

Ramón Ezequiel Machuca, hijo de crianza del recientemente arrestado Ariel Máximo Cantero, está prófugo en la causa contra la banda de Los Monos, acusada por narcocriminalidad, hace más de dos años. Más de una vez habló con medios de comunicación desde la clandestinidad. En sus apariciones acusó al gobierno provincial, a la ex División Judiciales y al juez Juan Carlos Vienna, que instruyó el expediente y mandó a juicio a 38 personas, por el delito de asociación ilícita.