J.B. hizo 36 denuncias contra su expareja por violencia, amenazas y por incumplir las órdenes judiciales. El jueves pasado, a las 5 de la madrugada, escuchó ruidos en las rejas de su casa. Cuando se asomó, lo vio salir del patio exterior. Se paró detrás de la puerta -tenía la cerradura rota, sólo dos pasadores la cerraban- y se quedó allí sin atinar a buscar, en la habitación, el botón de pánico. A la mañana, vio que la reja estaba forzada y en la puerta, pasando el patio exterior, le habían pintado: "Te tengo". J.B. tiene 28 años, cuatro hijos de 11 a 4 años, y desde 2010 está separada de Niki, que está imputado pero nunca fue detenido. J. B. se comunicó con el fiscal general, Jorge Baclini, quien se puso a disposición. La identidad de la mujer que sufre violencia se reserva por razones de seguridad. Hubo algunas rondas policiales durante el fin de semana largo (ayer a las 19 llegó a su casa personal de la comisaría 14), pero J. teme por su vida. "Hace cinco años que me separé, hace cinco años que vivo así, tengo que andar con una orden judicial de prohibición de acercamiento en el bolsillo, con un botón de pánico, no sé que esperan", dice la joven. La orden de restricción de acercamiento a 200 metros es el oficio 1645 del Tribunal Colegiado de Familia número 3.

J.B. piensa escribir lo que está viviendo. "Si me pasa algo, no quiero que mis hijos queden con él", sintetiza sus miedos. Aunque J.B. hizo 36 denuncias, bastó una sola realizada por su ex -por maltrato a los hijos- para que los chicos sean llamados a declarar, sin cámara gesell (la ley establece la obligatoriedad de ese mecanismo cuando se trata de niños). "Les preguntaron si me habían visto en ropa interior, y por qué no lo querían ver a su papá, entre otras cosas. El papá sacó un revolver adelante de los chicos, por eso no lo quieren ver", dice J.B. a Rosario/12. A través del teléfono, se escucha a la nena más pequeña que le dice, en media lengua, "mami, también me preguntaron si había visto a tu novio en ropa interior". Según pudo saber J.B., la denuncia es por maltrato y también por prostitución (que no constituye delito de ninguna manera). Ella siente que pasó a ser la investigada, sin que hubiera ninguna sanción a quien la viene hostigando desde hace años.

La fiscal Raquel Almada, a cargo de las denuncias por violencia de género, recibió la nueva presentación de J.B., la número 36. "Tengo atrás de la puerta de mi casa la mochila con los documentos de mis hijos y 300 pesos por si tengo que correr. Una se siente impotente porque hice todo como corresponde, denuncié, me presenté en 2013 al médico forense cuando fui golpeada, pero no fue tomada en cuenta esa pericia y la causa se archivó. Hicieron declarar a mis cuatro hijos de forma invasiva, no puedo seguir viviendo así", se desespera la joven, que trabajaba como relacionista pública en boliches pero hace meses debió discontinuar esas tareas por temor. Su ex pareja no puede acercarse a 200 metros a su familia, pero no le importó: se mudó a la misma cuadra en la que vive la mamá de J.B. "Mi mamá sale a laburar a las 6 de la mañana, tenemos que vivir pensando adónde llega la locura y la violencia de este tipo", exclama J.B.

La joven es acompañada por la ONG Ampliando Derechos, que trabaja junto a víctimas de violencia. Desde esa organización, Nora Giacometto recordó que "desde el mes de febrero J ..tiene una orden emanada de la Fiscalía Regional 2 de que la seccional 14° se ocupe de realizar rondas en su domicilio, pero no se hacen, el subcomisario Aguirre pone como excusa la falta de personal". La activista recordó que "el agresor ha sido imputado en la causa en reiteradas ocasiones por diversos fiscales actuantes, pero nunca fue detenido cuando, en el nuevo sistema, es potestad del fiscal hacerlo".

Giacometto subrayó que "J. se encuentra cansada de tener que escapar todos los meses del agresor". "Responsabilizamos a la Fiscalía actuante y al Ministerio de Seguridad de la provincia por cualquier hecho que ponga en peligro la vida de J. y sus hijos". Giacometto solicitó "la plena vigencia en Santa Fe de la ley 26.485" y pidió que se termine "la vulneración de los derechos de las mujeres y la negación de los tratados internacionales como la Convención de Belem do Pará y el de Cedaw".