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A 26 meses de la explosión del edificio de calle Salta 2141, ayer los familiares de las 22 víctimas se manifestaron fuera y dentro de Tribunales. Es que en septiembre pasado se conformó el tribunal que juzgará a los once imputados, pero todavía los jueces Ismael Manfrín, María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga no resolvieron si el juicio será oral o escrito. "Cómo puede ser que se tomen todo este tiempo, cuando nosotros necesitamos cerrar esta etapa para poder hacer el duelo", gritó Marcela Nisoria, en el pasillo del segundo piso, mientras otros familiares eran recibidos por un secretario. La respuesta judicial fue que "hay que esperar a que vuelva la jueza Usandizaga, porque está de luna de miel. Es increíble lo que está pasando", se quejaron los familiares.

Luego de que la jueza de instrucción Irma Patricia Bilotta elevara la causa a juicio, por pedido de la fiscal Graciela Argüelles y los querellantes, la etapa de juicio recayó en el juez Manfrín, quien solicitó la conformación de un tribunal para resolver la suerte de los once acusados de "estrago culposo agravado". Las dos juezas resultaron elegidas en el sorteo de mediados de septiembre y los tres debían abocarse a resolver el planteo de un juicio oral solicitado por la fiscal, los querellantes y la defensa de algunos de los imputados, a excepción de los cinco acusados de Litoral Gas, que piden la tramitación por escrito.

Si bien por la fecha del hecho ﷓anterior al nuevo sistema penal﷓ la causa debería ir a juicio por el viejo sistema escrito; el pedido de las partes y la gravedad del caso, podría servir para sentar un precedente, en el marco del avance hacia el sistema oral para todas las causas penales. Eso es, al menos, lo que planteó la fiscalía.

De acuerdo a la resolución que dictó en su momento la jueza Bilotta, las personas imputadas por estrago culposo agravado son tres inspectores de la empresa Litoral Gas: Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra. Todos pidieron en la última semana que se levanten los embargos en su contra, planteo al que se negaron las otras partes del proceso.

También fueron procesados en su momento el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, José Allala; y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, quien estuvieron de acuerdo ante la posibilidad de un juicio oral y público.

Según indicó Argüelles, por aquellos días, en caso de una eventual condena, podrían ser sentenciados a un máximo de cinco años de prisión efectiva.

Ayer, cerca del mediodía, los gritos desesperados de Nisoria y otros familiares retumbaron en los pasillos. "Estamos muy preocupados porque desde que la causa llegó a manos de este juez (por Manfrín), todos los pedidos que se hicieron por parte de las querellas y la fiscalía no fueron respondidos. De forma urgente necesitamos que nos digan si este juicio será oral o escrito. Pero resulta que hoy nos desayunamos con que hay que esperar que vuelva de luna de miel la jueza Usandizaga; y después se resolverá este planteo", se quejó la mujer. "El juez, como presidente del tribunal, puede decidir solo esta cuestión, pero no accede. Además, detuvo todos los plazos de la causa hasta que se tome esta decisión. Quizás para ellos los tiempos sean una cuestión de almanaque; pero para nosotros hay mucho dolor y necesitamos que la justicia se expida de una vez por todas para que podamos quedarnos en nuestras casas a elaborar un duelo", reclamó Nisoria, esposa de Hugo Montefusco, uno de los fallecidos tras la explosión del 6 de agosto de 2013, por un escape de gas en el edificio.