A raíz de distintas situaciones de violencia de las cuales fue víctima, una adolescente de 15 años está siendo acompañada por diferentes áreas del Estado provincial. Trabajadoras de la Dirección Provincial de Salud Mental abordaron la problemática desde un principio, y hoy denuncian que la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia no respeta la estrategia de trabajo presentada por las áreas de primer nivel de intervención. Desde mayo de este año, como producto de una profunda crisis subjetiva, la chica fue internada en una clínica psiquiátrica privada. Las trabajadoras de Salud Mental apuntan hacia la Dirección de Niñez por no articular con otros sectores y, por el contrario, priorizar en "negocios privados". Además, denuncian que en dicho establecimiento la chica está siendo sobremedicada sin perspectivas de recuperación.

La historia de esta adolescente, de quien se resguarda su identidad bajo la inicial L., es un caso testigo, aunque las trabajadoras de Salud Mental indican que no es el único y por lo tanto comprenden su situación como producto de una desarticulación entre las distintas áreas del Estado. "La falla es de la Dirección de Niñez por no respetar las estrategias de primer nivel y aplicar bajo urgencia una medida que implica un negocio privado, pudiendo contar con el sector público", enfatizó una de las denunciantes en contacto con Rosario/12, prefiriendo reservar su nombre. El reclamo de las trabajadoras está amparado en la ley provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que la intervención de las áreas de segundo nivel debe darse cuando las de primer nivel, debido a las complejidades de cada caso, se encuentren desbordadas. Pero, según explican las empleadas de Salud Mental, esta intervención debe darse de forma coordinada, atendiendo a las estrategias que los distintos sectores de primera instancia establecen para continuar el acompañamiento del paciente.

En casos como el de esta joven, las áreas de primer nivel son el centro de salud barrial, la Dirección de Salud Mental, equipos de trabajo dependientes de la municipalidad, y la escuela, mientras que el sector de segundo nivel comprende a la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia por tratarse de una menor de edad. Según explican las trabajadoras, cuando la situación de L. se tornó imposible de abordar con las instituciones presentes en el territorio, se estableció una estrategia elevada a la Dirección de Niñez que comprendía el internado en un hospital público con acompañamiento y tratamiento especial. Si bien fue aceptada y aseguraron que se iba a aplicar, la estrategia se estancó al cabo de cuatro semanas. Cuando L. atravesó una situación de crisis compleja, finalmente se dio la intervención de la Dirección de Niñez, pero no con el mecanismo acordado. Así, la niña fue derivada a IMPAR, una clínica psiquiátrica privada que cobra alrededor de 1600 pesos por día por cada paciente, donde permanece desde finales de mayo.

Este procedimiento manifiesta contradicción con la ley 26.657 Nacional de Salud Mental. Dicha ley, en su artículo 20 establece que las internaciones involuntarias deben darse en caso de ausencia de otra alternativa eficaz para el tratamiento del paciente. Según explican las acompañantes de L., la estrategia presentada a la Dirección de Niñez, que había sido elaborada por distintos dispositivos estatales, era viable. Asimismo, la Ley en cuestión indica que en cada caso "se procederá de acuerdo a la normativa nacional e internacional de protección integral de derechos".

También en la ley provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se establecen las condiciones en relación a la toma de medidas excepcionales. "Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del pleno ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias", indica el artículo 51 a la vez que remarca que estas medidas deben aplicarse "por el más breve lapso posible". Según las trabajadoras de Salud Mental estos puntos no coinciden con la forma en que se establece el tratamiento en el caso L. y otros niños y adolescentes.

Sobre este aspecto apuntan contra la clínica IMPAR por la manera en la que se acompaña a los pacientes. "Están sobremedicados, es indisimulable porque hay droga en el cuerpo", señalaron. Además, remarcan que a la joven le administran excesos de medicación por crisis, que dejan evidentes daños colaterales. "Le es imposible ubicarse en tiempo y espacio, pasa mucho tiempo durmiendo. Ninguna entidad estatal se opuso a que los menores sean sobremedicados", agregaron. También apuntaron contra otra irregularidad: "Ingresó a la clínica con graves signos de violencia, acusando un episodio del cual había sido víctima, y no sólo se desestimó su relato sino que no se cumplió con ningún protocolo médico para resguardarla".

En esta línea, consideran que hay intereses económicos detrás de cada niño que es enviado a una clínica privada cuando podría ser atendido en el sector público, acorde a las estrategias presentadas por las instituciones estatales que abordan las problemáticas individuales en los territorios. "El Estado provincial destina fortuna para el sector privado, y en el sector público no se crea nada", consideraron las trabajadoras en alusión a las carencias en las áreas de salud mental. En el caso de L. y otros menores de edad, los gastos mensuales abarcan desde 80 mil a 150 mil pesos mensuales por paciente, dinero que es destinado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Para las trabajadoras de Salud Mental es fundamental que los distintos dispositivos estatales trabajen coordinadamente para que cada caso sea abordado con perspectivas de recuperación y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situaciones complejas. "Debería haber una decisión política para que existan lugares donde alojar a niños con problemáticas de extrema vulnerabilidad, ya sea subjetiva o social. Debería haber lugares estatales, que no se dependa de la organización del sector privado, porque es una responsabilidad del Estado garantizar los derechos", sentenciaron. Además, consideraron indispensable que entre la situación de los pacientes y el camino a su recuperación no haya trabas económicas. "Mientras más permanece el paciente, más se cobra. Hay que correr la lógica del mercado, para lo cual es necesaria una articulación intersectorial con decisión política", finalizaron.