La jueza Stella Maris Bertune postergó hasta el 15 de abril de 2016 el desalojo de unas 500 familias que ocupan un terreno de doce hectáreas en Cullen y Sorrento, que tenía fecha para febrero próximo. La decisión de la magistrada fue el corolario de una audiencia de mediación que pasó a un cuarto intermedio hasta el 15 de febrero. Entonces, los vecinos y los dueños del terreno volverán a reunirse con representantes de la Municipalidad, del gobierno provincial (ayer avisaron que no podían asistir) y del Concejo Municipal, para intentar llegar a un acuerdo y evitar la desocupación, ya que los habitantes están dispuestos a pagar las tierras con el 20 por ciento de sus ingresos. En la próxima audiencia, las partes deberán llevar propuestas concretas. "Hemos logrado un avance, pero son las partes las que tienen la palabra; yo soy sólo una mediadora. Espero que lo podamos sacar adelante", dijo la magistrada al término del encuentro que se prolongó por dos horas. La idea de expropiación tuvo un avance con la presentación de un nuevo proyecto en la Legislatura, el 10 de diciembre pasado.

La Compañía Santafesina de Tierras compró el predio en 1984; mientras que la demanda para la desocupación del mismo fue presentada en 1999. En aquel entonces, el juez a cargo del expediente era Hugo Escalante, quien antes de dictar la resolución convocó a las partes en un intento por llegar a un acuerdo. Sin embargo, no se logró una solución y el magistrado dictó sentencia de desalojo hace diez años, pero aún no se cumplió.

En los últimos meses, los dueños del predio reclamaron a la jueza actual el cumplimiento de aquel fallo de 2005; por lo que debió resolver la situación el 10 de noviembre pasado. Así, puso fecha de desalojo para el 15 de febrero y ordenó la reunión de ayer, en la que se decidió un cuarto intermedio en las negociaciones y una postergación del desalojo, por dos meses más.

Con el acercamiento de ayer, la Justicia atendió el reclamo y la situación de los vecinos con derecho constitucional al techo digno. "La solución debe satisfacer a ambas partes: el interés de los propietarios y el de los vecinos que hace más de 30 años que residen allí. La Municipalidad trata de colaborar en la medida de sus posibilidades", dijo la representante de Legal y Técnica de la Municipalidad, Carmen Donadío.

Por su parte, la abogada Analía Carrió -que representa a la mayoría de los vecinos del predio- dijo a este diario que "se reiteró la controversia de los que tienen la posibilidad de decidir, que serían los dueños de la tierra y el Estado, que fue representado sólo por el municipal. Se dejó ver una falta de posibilidad de negociación, pero veremos como avanza la próxima reunión. Para nosotros era oportuna esta suspensión y realizar otro encuentro con la condición de que traigan una propuesta concreta todas las partes: la empresa, que todavía no planteó cuál es el valor del predio; y el Estado. Los vecinos ofrecieron el 20 por ciento de sus ingresos, para negociar con el apoyo del Estado. Lo que estamos pidiendo, además, es que se charle con los legisladores para intentar viabilizar el proyecto de ley que presentaron los diputados Mercedes Meier y Carlos Del Frade, hacia la expropiación", dijo la letrada.

Ya en 2009, cuando era intendente de Rosario, el gobernador Miguel Lifschitz envió al Concejo el proyecto para que el terreno fuera declarado de interés público y social, sujeto a expropiación. Así, en 2010 salió la ordenanza 8.697 y se envió la iniciativa a la Legislatura provincial, donde "nunca llegó", según indicó Carrió. Aunque ese dato fue negado por Donadío, quien dijo que sí ingresó a la Legislatura, pero no se trató.

En su decisión de noviembre pasado, la jueza aclaró que este tipo de desalojos contempla una serie de tratados internacionales. En esos términos, apunta a hacer cumplir la sentencia de 2005, pero a la vez tener en cuenta la problemática social.

Meses atrás, el ex secretario de Hábitat (y actual secretario de Gobierno municipal), Gustavo Leone, habló de la "dificultad" que genera reubicar a tres mil personas; y, al mismo tiempo, señaló que la firma pretende recibir dinero del Estado y por eso "fuerza" el juicio de desalojo.

Por su parte, Marcela, una de las habitantes del terreno, señaló: "Estamos un poquito más tranquilos porque esto se aplaza, pero nada más. Nosotros queremos la posibilidad de empezar a pagar el terreno". Además, para la reunión del 15 de febrero, la jueza Bertune adelantó que la provincia dijo que estará presente, ya que ayer no pudo asistir.