La designación del santafesino Horacio Rosatti en la Corte Suprema nacional disparó ayer un sinnúmero de opiniones en la provincia: para Daniel Erbetta miembro de la corte provincial "es preocupante que se utilice un mecanismo que no tiene antecedentes en la República Argentina". El gobernador Miguel Lifschitz no se quedó atrás: "Me parece que es un error del Presidente, y no está en sintonía con lo que ha sido el planteo electoral de Cambiemos". Por su parte, el ex gobernador Hermes Binner calificó la medida como "un retroceso institucional". A su turno el diputado provincial Rubén Giustiniani opinó que la medida de Macri "es contraria al diálogo y de una gravedad institucional sin precedentes en la democracia del país, y cercana a una vocación cesarista para nombrar a los ministros de la Corte". En tanto el diputado nacional Marcos Cleri confió que "algún juez, en defensa de la independencia del Poder Judicial, se animará a declarar inconstitucional esta aberración. Creemos que el propio máximo tribunal, si sus miembros se consideran efectivamente independientes, debería rechazar esto", dijo Marcos Cleri.

Sin dudas el más contundente en el rechazo fue el propio Erbetta: "Para un hombre de Derecho es muy difícil compartir este mecanismo. La Constitución Nacional establece específicamente de modo muy claro cómo se deben nombrar los jueces. Conozco a Horacio Rossati, con quien tengo una relación de tipo académico y al que reconozco como gran profesional", dijo Erbetta.

El cortesano sostuvo que "es preocupante que se utilice un mecanismo que no tiene antecedentes en la República Argentina. No porque no haya sido posible su utilización, sino porque no tiene que ver con el mecanismo que la Constitución establece y que es muy claro. En el año 1994 quedó establecido en la Constitución que en la designación de jueces de Corte intervenga el Senado y que lo haga con una mayoría calificada, de los dos tercios de los presentes".

"Durante un año, la Corte estuvo funcionando con tres miembros, con Carlos Fayt con algunos inconvenientes para poder asistir diariamente al tribunal. Si éste fuese un mecanismo posible habría que preguntarse por qué el gobierno anterior no lo utilizó, cuando trató de integrar la Corte por el mecanismo que normalmente es el que corresponde", agregó Erbetta.

El funcionario judicial de Santa Fe sostuvo que "es preocupante. El presidente Macri debería reflexionar sobre esta cuestión. Hay cosas que tienen que ver con la institucionalidad y con los consensos. La Constitución es muy sabia: hay que tener los dos tercios del Senado para nombrar a un ministro de la Corte. No lo pide para el resto de los jueces. Ese es otro argumento aún más importante. Lo que se busca es el consenso de la política. La política es la diferencia, es la discusión, pero también es el consenso y la negación del consenso es una situación que nos deja en muy la posición desde la perspectiva de la calidad institucional".

Por su parte el gobernador Lifschitz sostuvo que la designación por decreto presidencial de dos jueces para completar la Corte Suprema es "un procedimiento" que no comparte y dijo esperar "que esta medida sea la excepción y no la tónica" del nuevo gobierno. "No había urgencia" ya que "no aparecen los fundamentos que ameriten las designaciones de este modo".

El ex gobernador Binner también cuestionó al Presidente: "Es un retroceso institucional designar jueces por decreto. Es necesario respetar los mecanismos constitucionales".

En tanto, el diputado provincial Rubén Giustiniani opinó que la medida de Macri "es contraria al diálogo y de una gravedad institucional sin precedentes en la democracia del país", y le recordó que, como presidente de la Nación, "cuenta con distintas posibilidades apegadas todas a derecho y alejadas de una vocación cesarista para nombrar a los ministros de la Corte".

En tanto el Partido Socialista publicó un comunicado con reparos al nombramiento de los dos integrantes del máximo tribunal de Justicia. "El decreto del Presidente es de extrema gravedad institucional. Por primera vez en la historia democrática tendremos una Corte Suprema designada "en comisión" que podría ser removida sólo por medio de otro decreto presidencial".

"Apenas asumió la Presidencia, Néstor Kirchner no solamente respetó la inequívoca disposición que establece que un juez de la Corte debe contar con la aprobación de dos tercios de los senadores nacionales sino que sumó el decreto 222 limitando las facultades para ello del Poder Ejecutivo, impulsando un reglamento de participación y control ciudadano. Ahora, los declamadores de la independencia de poderes parecen ignorarla olímpicamente", sostuvo Cleri, diputado nacional del bloque del Frente para la Victoria.