Tras la presentación de un hábeas corpus por la detención "ilegal" de tres menores de entre 10 y 15 años en la comisaría 5ª, ayer el juez Hernán Postma pidió que la fiscalía regional investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte del personal policial tanto de la seccional, como de las patrullas que estuvieron a cargo del operativo. También ofició a la autoridad administrativa de la URII para que remita por escrito a la Defensa Pública, a la Fiscalía y al Colegio de Jueces Penales el protocolo de actuación en caso de detención de menores de edad. El defensor público Gabriel Ganón denunció que tres niños de entre 10 y 15 años fueron "detenidos ilegalmente" cuando personal policial los vio con un arma de juguete, en la vereda de su casa. Los tres fueron trasladados a la Comisaría 5°, sin dar aviso a sus padres.

El hecho ocurrió la tarde del 11 de diciembre pasado, frente al Fonavi de 27 de Febrero y Ovidio Lagos, donde los menores jugaban con el revólver de plástico, que luego tiraron al suelo porque estaba roto. Los chicos estuvieron dos horas en la seccional sin que se diera intervención a organismos competentes en niñez, ni a sus progenitores, quienes se enteraron por una vecina lo que había pasado y fueron a buscarlos.

"Nadie les avisó nada a esos padres, y los chicos estuvieron llorando en la comisaría por estar jugando con una pistola de juguete", dijo Ganón, quien intervino por dos de los niños, que son hermanos.

Según el relato que llegó al Servicio Público de la Defensa, los hermanos L.V y D.V, de 15 y 10 años, estaban aquella tarde en la esquina de 27 de Febrero y Ovidio Lagos esperando a un compañero de la escuela para ir a jugar al fútbol en una cancha ubicada dentro del complejo de departamentos Fonavi, donde viven. Cuando se encontraron con T., de 15 años también, empezaron a caminar hacia la cancha y en el trayecto hallaron tirada una pistola de cebitas. Los tres comenzaron a jugar con el juguete, pero como estaba rota la volvieron a tirar al suelo.

Enseguida, se aproximó al lugar un comando de la Patrulla Motorizada y un móvil policial, con varios uniformados, quienes interrogaron a los menores sobre la mochila que llevaba puesta uno de ellos, y requisaron sus pertenencias. "Uno de los efectivos caminó unos metros y encontró la pistola de juguete, la cual fue secuestrada; y todos fueron trasladados a la Comisaría 5°", dijeron desde la defensoría. Incluso, les preguntaron "a quién estaban apretando", según relató la madre de los hermanos.

Al ver esa situación, una vecina del lugar reconoció a los chicos y les solicitó a los policías que cesaran la acción porque ella conocía a los padres de los menores. Pero nada detuvo el arresto.

Una vez en la seccional, "les dijeron que se saquen los cordones de las zapatillas, las remeras y los revisaron", dijo la mujer que llevó el caso a la Defensoría. Además, "los dos adolescentes fueron esposados y en ningún momento se le dio aviso a la familia sobre la detención, a pesar de que estaban a escasos metros de su casa". Los efectivos tampoco anoticiaron del arresto a un órgano administrativo competente como "la Secretaria de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, el Juzgado de Menores de turno o el Ministerio Público de la Acusación", criticó Ganón.

Al momento del ingreso a la dependencia policial, los jóvenes "fueron alojados en un sector no apto, ya que ese mecanismo está prohibido en caso de menores de edad", expresa la denuncia de Ganón. Dos horas después, fueron liberados cuando sus padres se hicieron presentes en la comisaría, alertados por el aviso de la vecina que fue testigo del episodio.

Ante esa situación, el Servicio Público Provincial de Defensa presentó un recurso de habeas corpus en favor de los menores. Si bien en la audiencia el juez Hernán Postma rechazó el pedido y recomendó a la Unidad Regional II abstenerse de realizar ese tipo de detenciones, e instó al Ministerio Público de la Acusación para que investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte del personal policial.

Durante la audiencia, el representante de la Oficina de Habeas Corpus de la Unidad Regional II, Diego Vitali, expuso sobre la existencia de un protocolo de actuación en caso de detención de menores de edad, que debe ser de cumplimiento efectivo por parte de los efectivos policiales. Sin embargo, desde la defensoría indicaron que "ninguno de los agentes que intervino en el procedimiento pudo o supo dar explicaciones a las partes sobre cómo se debe proceder antes ese tipo de casos".