Legisladores nacionales y locales del Frente para la Victoria y el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) repudiaron ayer la decisión del gobierno nacional de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y la fusión del Afsca y la Aftic. Para el diputado nacional Eduardo Seminara, "disolver los organismos y las leyes por decreto de necesidad y urgencia es violar la democracia y negar al parlamento". La concejala Norma López, en tanto, consideró que la modificación de la Ley de Medios "es inconstitucional por donde se la mire". Desde el SPR señalaron que "es mentira que la ley fue `una guerra contra el periodismo`. Las y los trabajadores de los medios luchamos por la aprobación de la LSCA, integramos la Coalición por una Comunicación Democrática y participamos en la elaboración de los 21 Puntos".

Tras la decisión del presidente Macri de derogar por decreto la Ley de Medios y de crear un Ente de Comunicación, fusionando la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), varias voces se alzaron para repudiar la medida. Mientras se sucedían los repudios, ayer a la tarde, el juez platense Luis Arias, dictó una medida precautelar mediante la cual ordenó al gobierno que se abstenga de realizar modificaciones en la Afsca.

Seminara, quien integró el directorio de Afsca hasta que pasó a ocupar una banca en el Congreso Nacional, dijo que "Macri anula por DNU ley de medios y pone a regular las telecomunicaciones a los personeros de las corporaciones. Clarín, Telefonica y otros". Según el legislador, "a Macri le molestan los artículos que fueron confirmados por la Corte como constitucionales, en realidad le molesta la Constitución".

La concejala López, en tanto, planteó: "Es inconstitucional y antiderecho hacerlo a través de un DNU. No podemos permitir como pueblo que se tomen políticas tan arbitrarias como estas. Y cuando decimos que es inconstitucional es porque avanza sobre competencias específicas del Congreso (artículo 75, inciso 19) y porque ambos organismos se financian con impuestos de asignación que requieren mayoría especial. Pero además el Poder Ejecutivo tiene vedado dictar decretos de necesidad y urgencia sobre materia impositiva".

Más adelante, la edila del FPV indicó: "El presidente de la Nación debería llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir y definir si se modifica o no la ley en sesión. Eso es legal. Eso es ser gobierno". Para López, "las medidas del presidente Mauricio Macri dejan a las claras los intereses empresarios, la devolución de favores, y el camino marcado hacia el neoliberalismo, un lugar donde los argentinos ya estuvimos y por el que luego debimos pagar serias consecuencias".

El Sindicato de Prensa Rosario (FETRACCOM﷓CTA) "repudia la disolución del AFSCA y la AFTIC mediante un nuevo y antidemocrático DNU del gobierno nacional anunciado por el jefe de gabinete Marcos Peña, quien adelantó la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo que en la práctica significa la anulación de esa ley votada por amplias mayorías en el Congreso de la Nación en 2009, debatida con profundidad en todo el país y resultado de una lucha de 30 años contra el decreto de la dictadura que regulaba la radiodifusión con permisos para unos pocos".

A través de un comunicado, desde el SPR aseguraron: "Es mentira que existan `los cepos` a la inversión. Lo que pretenden es la derogación del artículo 41 de la ley que impide la transferencia de licencias. Habilitando así la concentración monopólica. Es mentira que se busque `mayor pluralidad de voces`. Este DNU atenta contra la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y las expresiones que venían creciendo de las organizaciones sin fines de lucro, pueblos originarios y medios públicos".

En esta marco, los trabajadores de prensa exigieron "a las autoridades nacionales que no hablen en nuestro nombre, somos los trabajadores de prensa y la comunicación a través de nuestras organizaciones gremiales quienes decimos que defendemos, primero, a la información como un derecho humano que se hace inviable con medidas ilegales, anticonstitucionales y autoritarias, y en paralelo nuestras fuentes de trabajo amenazadas con la profundización de la concentración mediática".

Además, exigieron "a los legisladores nacionales de la provincia de Santa Fe que se expidan contra este atropello a la democracia perpetrado con impunidad, blindaje del Poder Judicial y de los medios hegemónicos, quienes son los verdaderos beneficiados por estas medidas".

Por último, pidieron "a todas las organizaciones sindicales, políticas, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, territoriales y a todas las organizaciones libres de la sociedad que expresen junto a nosotros su enérgico repudio a este avasallamiento contra la ley que supimos conseguir".