El personal del centro de salud provincial Ernesto Che Guevara, en barrio Godoy, cerró la atención al público debido a una sucesión de agresiones que sufre desde hace tiempo y que hizo eclosión el jueves 11, cuando un joven vecino amedrentó a una trabajadora social con un cuchillo, le arrebató el teléfono celular y la amenazó de muerte, igual que a los testigos, para que no lo denunciaran. Los relatos de quienes afrontan esa rutina describen hasta dónde ha calado el narcomenudeo en ese arrabal del extremo sudoeste. Lo confirman el ingreso cerrado del edificio y un cartel elocuente: "El centro de salud permanece cerrado desde el jueves 11/02 por un hecho de inseguridad en el interior del mismo. Queremos trabajar tranquilos para brindar un mejor servicio", aclara el texto escrito en una cartulina sobre el vidrio de la puerta enrejada y cerrada con llave. Una situación similar habían padecido el año pasado los trabajadores del centro de salud municipal de Fuerte Apache.

Adriana Abaca, una vecina que soportó ataques varios contra su casa por denunciar la venta de estupefacientes en el barrio, contó a este medio que el martes pasado su nuera acudió al dispensario municipal, en calle 1709 y colectora de Circunvalación, para someterse a un control de embarazo. "Pero no pudo hacerlo porque se encontró con la puerta cerrada y un cartel con el que explican que no están atendiendo por la inseguridad", contó la mujer. Vecinos del efector le ampliaron lo que el cartel resumía: "Me dijeron que ahí enfrente hay un tipo que vende y que se metía todos los días en el dispensario y amenazaba a los médicos, a todos. Suponemos que habrá sido para sacarles pastillas, lo cierto es que los hizo cerrar y acá hay diabéticos que necesitan ese dispensario abierto por la insulina, embarazadas, gente que no tiene recursos como para irse hasta el hospital Provincial o el Centenario", dijo acerca de ese efector que registra 9 mil historias clínicas y cuyos profesionales atienden un centenar de consultas cada día.

En la misma puerta del centro, otra cartulina deriva a las pacientes al otro centro de salud más cercano, el "Josefa Roselló", en Rivarola al 7500. "Para colocar Mesygina (anticonceptiva) y retiro de anticonceptivos, dirigirse al centro de salud Roselló".

El centro de atención primaria Che Guevara depende del Ministerio de Salud provincial. Su coordinador, el médico Federico Aquino, confirmó la situación y explicó que fue el último de una serie de episodios violentos que se suceden con mayor frecuencia desde hace un par de años. Vecinos del barrio también lo contaron en detalle. Walter, de 22 años, vive a muy cerca del centro médico, y atraviesa una adicción importante. "Si lo hablás, entiende y sabe que se mandó muchas macanas, pero cuando tomó no conoce a nadie y es un peligro", describen quienes lo tratan a menudo. Es paciente del centro de salud, igual que sus amigos en la misma condición de drogadependencia. Los que relatan piden mantener sus nombres en reserva. La vida sigue en el barrio después de contar ciertas cosas en el diario. Dicen que Walter vendía el clonazepam que le prescribían en el mismo centro de salud, en el marco de un tratamiento psiquiátrico por su adicción. Pero él no lo tomaba. A 10 pesos por pastilla, el joven se ganaba así el dinero para comprar su droga. Aquel jueves, Walter entró y atacó a una trabajadora social. A punta de cuchillo le quitó el teléfono celular. La sala de espera estaba llena de pacientes, y uno de ellos llamó a la policía. Walter se marchó a tiempo, pero antes amenazó de muerte a todos para que no lo denuncien. El y sus amigos alternan momentos de convivencia y de hostilidad con su vecindario. La sala de espera del Che Guevara sabe de sus incursiones abruptas, en busca de psicotrópicos, o el mangazo intimidante a los pacientes. El año pasado fue otra empleada del centro la que tuvo que ceder su moto al filo de un cuchillo en la garganta. Otras veces, fueron los autos estacionados de los trabajadores del dispensario los que padecieron rayones y rotura de vidrios. Y la tensión constante, y el no saber qué ocurrirá a la salida, en la esquina, en la otra calle, vigilar quien viene, quien mira.

"La situación se hizo insostenible y no podemos trabajar así. Somos uno de los pocos centros de salud que todavía no tenemos protección, por eso estamos gestionando que nos asignen un personal de seguridad, de policía o privada. Las autoridades tienen que resolver unas cuestiones administrativas antes. Nosotros, hasta que no tengamos esa garantía no podemos volver a trabajar", expuso Aquino. Uno de los centros cercanos -el Roselló-, tiene guardia privada. Y el del barrio Santa Lucía, funciona con gendarmes en la sala de espera.

El director del Che Guevara consideró que su equipo no es el blanco exclusivo de las agresiones. "Es la violencia cotidiana que viven todos los vecinos en el barrio. La zona se complicó mucho en el último tiempo, y se debe a las consecuencias del consumo y a que el comercio de esas sustancias se transformó en toda una economía familiar para muchos", lamentó.

Abaca sostuvo que la situación es un botón de muestra más de la incidencia de la compra venta de drogas en las cuadras que delimitan las avenidas 27 de Febrero, Presidente Perón, Circunvalación y el límite municipal. En el medio está la comisaría 32ª, desde el año pasado con edificio nuevo en Calle 1731 y Danieri. Según Abaca, los policías de esa dependencia no son ajenos a la actividad delictiva del barrio, y su acusación no es nueva: compone la causa iniciada hace cuatro años en el juzgado federal de Carlos Vera Barros. El resultado de la investigación hasta ahora ha sido solamente la asignación de una custodia permanente a la casa de Abaca, en Colombres y Calle 1711, a cuatro cuadras de la seccional.

La vivienda de Abaca fue blanco de disparos en 2012 y en 2013. En mayo de 2014, alguien llegó al punto de intentar incendiar el patrullero policial estacionado frente a la casa, y al mes siguiente la misma dirección fue objeto de pedradas y uno de los hijos de la mujer fue atacado por personas del barrio que le quebraron un brazo.

"Tenemos un móvil de Gendarmería en la puerta de casa, pero no podemos retomar una vida normal así, mientras tanto acá los narcos hacen lo que quieren y no les pasa nada", concluyó.