La tragedia de Costa Salguero reactivó en la agenda la importancia de las políticas de reducción de daños. En Rosario, por caso, se aprobó la semana pasada en el Concejo Municipal un proyecto de decreto para actuar junto al Ejecutivo y la Universidad en la mejor contención posible a las víctimas, tal como lo expresó la titular del cuerpo, Daniela León. Como contracara, trabajadores de la Casa Educativa Terapéutica (CET) de Granadero Baigorria, la primera del país que fue creada bajo la órbita de la Sedronar, denunciaron que el municipio de esa localidad les cortó los insumos para poder funcionar, además de plantear un vaciamiento del recurso humano por parte de la Nación. Idéntica situación padecen los trabajadores de los dos Centros Preventivos Locales de Adicción (Cepla) de Rosario y el de Villa Gobernador Gálvez. "Nosotros trabajamos con reducción de daños, y consideramos que el que tiene problemas de consumo de sustancias puede mínimamente mejorar su situación de vida. Esa reducción de daños se puede hacer también en cualquier otro foco social, pero nosotros necesitamos las herramientas para poder trabajar", planteó Federico Casale, uno de los trabajadores del CET.

El pasado 30 de diciembre, desde el gobierno nacional decidieron cortar el convenio por el cual estaban contratados 21 trabajadores del CET de Baigorria. Solamente quedaron con contratos la directora de la casa y cuatro médicos que dependen del programa nacional Médicos Comunitarios, por lo que se redujo considerablemente la atención. En febrero, la Casa Terapéutica, que desde septiembre del 2014 incluye a jóvenes que se encuentran en situación de consumo problemático, quedó bajo la órbita del Ministerio de Modernización.

Si bien se renovaron los contratos, los trabajadores sólo pudieron cobrar un mes. El panorama es aún más incierto porque la Municipalidad de Granadero Baigorria les cortó todos los insumos, y no cuentan con las herramientas necesarias para funcionar. Según Casale, se trató de una "clara decisión política", del municipio baigorriense, tras romper con el sector del ex intendente y actual diputado nacional Alejandro Ramos (FpV). A mediados de febrero, se produjo una notable baja en el presupuesto asignado a través de compras para el CET, donde se proveía el combustible para el traslado, la comida, y el teléfono celular.

"A comienzos del mes pasado, bajamos la comida a la nada, se mantenían insumos muy chicos para que los pibes puedan comer. Para la mayoría es el único sustento de comida que tienen y ahora ya no se les puede brindar una vianda para que se lleven. El teléfono celular dejó de funcionar, y tras una rotura que tuvo la camioneta, nunca más salió del corralón municipal, por lo que estamos sin transporte y sin medios de comunicación", relató Casale.

Con el Sedronar tampoco tienen contacto. "Se desentienden de los trabajadores, de tres meses cobramos sólo uno, y nos devolvieron las facturas de marzo y abril por lo que sabemos que no los vamos a cobrar", indicó el trabajador. Lo único que trascendió es que el CET debe continuar funcionando con la Dirección, dos psicólogos y dos operadores. "Hay un discurso hacia afuera, en el que dicen que no tienen intenciones de cerrarlo, pero no se dispone presupuesto. La Sedronar sale ahora hablar de los controles, pero no quiere hacerse cargo de controlar desde la base la problemática", criticó Casale.

En los Cepla de Juan José Paso y Travesía, el de la República de la Sexta, y en el de Villa Gobernador Gálvez padecen los mismos inconvenientes. "No tenemos ningún tipo de certidumbre respecto a nuestra situación contractual, y tampoco sabemos cuál va a ser la línea política de intervención en los dispositivos". dijo Conrado Cardile, delegado de los trabajadores, quienes atraviesan también por dificultades para cobrar en término sus salarios.

Además, el delegado denunció que a través de un mail informaron que a partir del 31 de marzo se habían caído los contratos de dos trabajadores, por quienes pidieron la reincorporación. "Pedimos una audiencia al titular de la Sedronar, Roberto Moro, pero no nos respondió", señaló Cardile. A pesar que se presentan todos los días a trabajar, no cuentan con recursos para poder funcionar. "No hay ningún funcionario que se haga cargo de la situación, nos dicen que seguimos hasta diciembre pero no tenemos un contrato que nos garantice la continuidad", agregó el trabajador, quien resaltó la importancia de los centros para contener a los jóvenes de la ciudad. "El gobierno nacional se llena la boca hablando del combate contra el narcotráfico y no tiene una política clara para tratar esta problemática", concluyó.