La caída en la actividad económica, como consecuencia de las políticas económicas del gobierno nacional, continúa golpeando a los pequeños y medianos comercios rosarinos. A partir de un relevamiento difundido ayer por el Centro de Estudios Metropolitano de la Concejalía Popular, que preside Nire Roldán, en la ciudad hay más de 1500 locales comerciales cerrados. El informe precisa que los valores de los alquileres en las superficies comerciales aumentaron más de un 40 por ciento en lo que va del año y siguen en alza sin encontrar su techo. En el caso de los pequeños comerciantes, la expulsión de la zona central es constante ya que ante los enormes gastos para sostener un negocio en el microcentro rosarino, muchos deciden bajar las persianas o mudarse a la periferia de la ciudad. "La realidad no es muy diferente en los Centros Comerciales de los barrios y sus avenidas principales, ya que ante el corrimiento de los comercios del centro hacia esas zonas, los alquileres se incrementaron notablemente", subrayaron desde la ONG. Frente a este panorama, abogaron por la necesidad de una nueva legislación que contemple la situación de pymes y pequeños comerciantes.

A fines del 2014, la Concejalía Popular había relevado unos 1200 locales vacíos en la ciudad. A mediados del 2015, la cifra había bajado a 918. Pero desde el año en curso, hay en Rosario más de 1500 locales vacíos y el número continúa en alza. El informe presentado ayer en una conferencia de prensa, en base a un relevamiento realizado por una docena de pasantes universitarios, arrojó un total de 604 locales vacíos en el área central de la ciudad, 447 en el macrocentro, 270 en centros comerciales a cielo abierto, y 221 en avenidas y corredores. Con fotos de los locales y con entrevistas a comerciantes y a los referentes de los centros comerciales, la ONG realiza los relevamientos.

"Este es el dato cuantitativo, son los números gruesos de una situación que es preocupante, principalmente por el valor de los locales comerciales", dijo Roldán a Rosario/12. El titular de la Concejalía Popular planteó que los comerciantes no pueden evitar las indexaciones encubiertas pactadas en los contratos y después no pueden afrontar los costos de los alquileres. La falta de regulación propicia, según Roldán, la imposición de esas cláusulas abusivas, tornando inviable cualquier ecuación económica para el plan de negocios de acá a 15 años de un pequeño emprendedor, que termina expulsado a la periferia.

"La caída de la actividad económica, sumado al brutal incremento de las tarifas, caló hondo en los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad. Todo esto, sumado a que los altos costos del alquiler y la dinámica de actualización de contratos no contempla esta realidad", consideró el presidente de la ONG, para quien esta realidad "golpea duramente a los comerciantes de nuestras ciudades, ya que los valores de los alquileres se trasladan directamente a los costos de la actividad comercial, lo que genera un incremento de los productos o en la imposibilidad de mantener las persianas abiertas".

Roldán planteó que actualmente "es el mercado el que impone las reglas de locación y no debe ser así. Es el ejemplo de lo que ocurre en los shoppings, donde las marcas locales se debaten entre la necesidad de estar allí por razones de posicionamiento de marketing o retirarse ante las condiciones asfixiantes de alquiler. Los expulsan o aceptan poner un local allí a pérdida". Diferente es la situación cuando la negociación se da directamente entre un propietario y el cliente, en el que acuerdan frenar las indexaciones para evitar mayores complicaciones.

"Las localizaciones en los shoppings, los precios ficticios en algunos locales comerciales que van al desastre de la mayoría de los locales, sobre todo en lugares más deprimidos como el centro, calle San Luis, calle Rioja, que se terminan cayendo. También los corredores de Pellegrini, San Martín, Mendoza, Juan José Paso, Avenida Alberdi, donde están los centros comerciales", agregó Roldán.

La complicada realidad vuelve a instalar en la agenda la necesidad de avanzar con el Servicio Público de Alquiler, con una política definida para los locales pymes. "En primer lugar de concertación, cada vez que un local comercial tiene un problema, debería el Estado atender el problema, brindando una solución. Además, que contemple un fondo específico destinado a la consolidación y fortalecimiento de los centros comerciales en defensa de un alquiler justo", propuso el titular de la ONG. Finalmente, Roldán dijo que la situación golpea a los trabajadores: "Miles pagan el 50 por ciento de sus salarios en alquiler y ahora, ante el cierre de los comercios, ven peligrar su fuente laboral".