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La familia de Iván Mafud, muerto en lo que se comprobó como un hecho de "gatillo fácil" tras una persecución policial en septiembre de 2014, fue admitida como querellante en la investigación contra los efectivos. La esposa y tres de los hijos de la víctima participarán en el proceso, y su abogado presentará acusación en los próximos días contra los 15 imputados. Por su parte, el fiscal Miguel Moreno solicitó, en marzo, pena de prisión perpetua para siete acusados de haber disparado; ocho años, para los entonces jefes del Comando Radioeléctrico, que encubrieron el hecho; y siete, para otros efectivos encubridores.

En mayo pasado, la Cámara Penal ordenó que los siete imputados de homicidio lleguen detenidos al juicio oral y público; mientras que liberó a otros ocho uniformados imputados por encubrimiento. Todos fueron detenidos en febrero, tras un año y medio de investigación que dio cuenta de que el acta policial había sido "fraguada".

Según la acusación fiscal, personal de Seguridad Vial intentó detener a la víctima con una motivación "económica", aquella madrugada y se inició una persecución. Al llegar a Roldán, el auto de Mafud se encajó en una zanja y los uniformados dispararon. Luego, los móviles que participaron "fraguaron" un acta y plantaron armas a la víctima. Para la camarista Carina Lurati, no se configuró ninguna acción de Mafud para provocar semejante balacera; pero modificó la calificación: les sacó el agravante de premeditación de dos o más personas.

Gabriel Sguazzini, Oscar Jauregui, Gerardo Amarilla, Alfredo Correa, Matías Maidana, Alejandro Gómez y Walter Machuca quedaron imputados de "homicidio calificado por ser integrantes de la fuerza", cuya pena podría ser perpetua, tal el pedido de Moreno. La fiscalía los señala como quienes dispararon "no menos de 19 veces" contra el vehículo de Mafud. Incluso, la investigación arrojó que cuando el auto quedó encajado, los policías Sguazzini y Gómez "siguieron tirando". Sin embargo, la camarista consideró que antes del juicio deberán detallarse las responsabilidades de cada uno.

En tanto, Fabián Díaz, entonces jefe del Comando Radioeléctrico, y Norberto Dilda, subjefe, fueron acusados de "ayudar a los autores a eludir la autoridad; haber omitido dar cuenta inmediata al fiscal y al gabinete criminalístico" sobre lo sucedido. La calificación que les achacaron fue "hurto calamitoso agravado (de 3000 pesos y una silla de bebé del auto), falsedad ideológica, incumplimiento, abuso de autoridad y encubrimiento agravado". Similar imputación recayó sobre Víctor Vélez, Diego Franco, Fabián Malisani, Eva Monzón, Ayelen Bustamante y Jhonatan Sánchez.