La Justicia Federal completará hoy la ronda de indagatorias e imputaciones a los cinco acusados de haber participado en la desaparición forzada de Gerardo "Pichón" Escobar, hallado sin vida en el río Paraná. Luego de que el martes se acusara al policía Luis Alberto Noya, el miércoles al patovica Cristian Vivas y ayer a otros dos agentes de seguridad que trabajaban en el boliche La Tienda, hoy será el turno del policía Maximiliano Amiceli. Con ello, habrá que esperar diez días para que el juez Marcelo Bailaque resuelva si dictará las prisiones preventivas y la situación procesal de los implicados. Luego, los abogados querellantes y el fiscal Federico Reynares Solari se abocarán a pedir medidas pendientes en la investigación, para avanzar sobre las responsabilidades del personal de la comisaría 3a 3º, donde se sospecha que estuvo el joven de 23 años, antes del hallazgo de su cuerpo. Tanto Noya como Vivas se despegaron de los hechos atribuidos y negaron tener relación con la desaparición del joven que fue a bailar al boliche de Tucumán al 1100, pero fue golpeado a la salida --según confirman las cámaras de seguridad de la zona-- y siete días después apareció sin vida. En tanto, ayer los patovicas César Ampuero y José Luis Carlino eligieron no responder preguntas y se limitaron a hacer algunas aclaraciones con las que intentaron desvincularse del hecho. Para la fiscalía y los querellantes de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Escobar fue golpeado por el patovica Vivas en la esquina de Sarmiento y Tucumán. Las sospechas apuntan a que éste y el resto del personal de seguridad del local, tenía contacto con la comisaría 3ª, donde aseguran que Pichón fue llevado en un auto y golpeado, sin haber sido anotado en el libro de ingresos. Una semana después, su cuerpo fue encontrado en el río a la altura del parque España. La autopsia arrojó que ingresó sin vida al agua y que la causa de la muerte fue asfixia seca. Ahora, con el hecho reconocido como una desaparición forzada por los camaristas federales José Toledo, Edgardo Bello y Elida Vidal, el fiscal Reynares Solari y los abogados Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet solicitaron al juez Bailaque que los acusados sean formalmente imputados por ese delito y que sigan en prisión preventiva mientras avanza la investigación.