Lunes, 1 de agosto de 2016 | Hoy
CIUDAD › LOS DESPIDOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO SIGUEN HACIENDO RUIDO
La ex delegada de la SRT en Rosario acusa al coordinador actual, Federico Larrazabal, de incompatibilidad de funciones porque sigue ejerciendo como abogado laboralista. Reveló que cuando la despidieron le amenazaron a su hijo.
Una ex coordinadora provincial de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo apuntó contra el responsable actual de esa repartición, Federico Larrazabal, a quien acusa de incurrir en incompatibilidad manifiesta con el cargo que ocupa. Lo hizo porque -aseguró- el funcionario nombrado por el gobierno nacional continúa en la faz privada con su actividad de abogado laboralista y a la vez dirige el área en la que se procesa en tiempo real los datos de todos los accidentes de trabajo que ocurren en esta jurisdicción, información codiciada por los estudios llamados "carancho", que alimentan la industria del juicio en el fuero laboral. Santa Fe es la tercera jurisdicción del país con mayor litigiosidad laboral, algo que lleva a las ART a encarecer las alícuotas que pagan las empresas y, por ende, aumentar el costo laboral en esta provincia. Además, la ex funcionaria reveló que hay contrataciones de personas que no concurren a trabajar, y que su reemplazante nombró a dos asesores permanentes con sueldos de 40.000 pesos mensuales para cubrirlo en la función. El sueldo del coordinador es de $76.876 hasta ahora, y será de $100.707 desde este mes.
Verónica Luchessi tenía 14 años de antigüedad en la SRT, adonde ingresó durante la presidencia de Eduardo Duhalde, aunque habiendo concursado, según remarcó en la entrevista con Rosario/12. La naturaleza política de su cargo hizo que en diciembre aceptara ceder su lugar ante el cambio de gobierno. Fue jefa de prensa en Buenos Aires, y el año pasado vino a Rosario como coordinadora de la delegación, con sede en Sarmiento 656. "Sabía que me iban a pedir el cargo y me parecía bien, es lo normal, trabajé con varios superintendentes y esos puestos de decisión van y vienen según las autoridades, pero no se echaba gente. A mí me terminaron echando y con una amenaza: que agarrara la plata, me dejara de joder y cuidara a mi hijo. Todo porque Larrazabal pretendió un día que yo rompiera una asamblea gremial, y como me negué me amenazó y me hizo la señal de cortarme la cabeza. Luego me llegó el mensaje de que cuidara a mi hijo", relató.
En un gobierno en el cual el ministro de Energía es accionista de la petrolera Shell no debe sorprender que ocurran situaciones parecidas. Lo que Luchessi narró a este diario remite a eso. "Larrazábal sigue teniendo su estudio de abogados, con su esposa, sus socios y otros ex socios que llevan juicios laborales, de riesgos de trabajo desde antes de asumir. Eso es una incompatibilidad, vulnera la ley de Etica Pública porque existe un conflicto de intereses, como dice el artículo 45º, que manda a optar dentro de los 30 días de su nombramiento entre el desempeño del cargo y la actividad incompatible", argumentó.
Con Central
El funcionario apuntado tiene trayectoria en el fuero laboral local, y entre 2010 y 2011 integró la comisión directiva de Rosario Central presidida por Norberto Speciale, como hombre de confianza del ex futbolista Gonzalo Belloso. Con buenos vínculos en la Unión Cívica Radical, en diciembre asumió como delegado regional de la SRT, designado por el ministro de Trabajo de Cambiemos, Jorge Triaca, y el nuevo superintendente, Gustavo Morón.
La SRT es un organismo autárquico, aunque opera en la órbita del Ministerio de Trabajo. Se financia con los aportes que hacen las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). Se creó en 1996, por la ley 24.557, y su función es hacer cumplir el derecho a la salud y seguridad de los trabajadores, y controlar las ART. Tras el cambio de gobierno, se estima que la SRT despidió a 400 empleados, 15 de los cuales trabajaban en la oficina de Sarmiento al 600.
"Cuando empezó, Larrazabal cayó con dos asesores, que son los únicos que van porque él no va, se queda en su estudio. El me dijo que el cargo no le importa, que lo tomó por compromisos políticos, pero que no iba a venir, que iba a seguir yo y que me dejaba sus asesores por cualquier cosa. He ido luego a buscar papeles por cuestiones de mi indemnización y comprobé que Larrazabal no va", contó Luchessi. Según dijo, esos asesores tienen un contrato anual y cobrarán desde agosto $51.762 y 59.526 pesos, respectivamente.
"Echaron a 400 y cambiaron la estructura: dejaron la misma cantidad de gerentes y nombraron subgerentes y jefes con esos salarios, triplicaron la planta de conducción", aseveró la ex delegada regional.
Luchessi contó que su posición en la SRT, ya debilitada, empeoró al cruzarse con su sucesor. "Noté en él la avidez por acceder a los expedientes, me pedía ingresar al sistema cuando todavía él no tenía acceso, y entonces empezó a tener una actitud beligerante conmigo. Un día estábamos en la sede y vino ATE a hacer una asamblea porque ya habían empezado los despidos. Larrazabal pretendió que yo rompiera la asamblea, un derecho gremial que yo no iba a contrariar, y como me negué se puso loco y me amenazó: 'Esto lo vas a pagar caro', me dijo e hizo la señal de cortarme la cabeza. Ese día él pidió que me despidieran". La orden se cumplió el 4 de marzo.
Luchessi enfrentó también algo parecido a la persecución ideológica a partir de su profesión de periodista, como conductora de la primera mañana en FM Sí 98.9. Sus opiniones en la radio condimentaron su salida de la SRT hasta que un día le llegó el mensaje a través de sus representantes gremiales de UPCN. "Un asesor de Morón le dijo a los delegados del gremio 'Decile a la minita que agarre la plata, se deje de joder y se dedique a cuidar a su hijito', y ese fue el límite. Yo había entrado por concurso, más allá de mi posición política, y tuve un legajo excelente. Hubieran hecho otra cosa para echarme, pero eso no", concluyó Luchessi.
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