El Ejecutivo provincial avisó ayer que la facturación de energía del mes de julio será igual a la anterior, o sea, con tarifazo incluido. Y lo justificó en el hecho de que la proveedora mayorista de energía, Cammesa, no modificó los precios y consideró extinguido el fallo de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, que suspendía el cobro de las facturas con el incremento habilitado por el Ministerio de Energía nacional. La secretaria de Energía, Verónica Geese, recomendó entonces a los clientes de la EPE abonar sus facturas, y supeditó el desenlace definitivo a una futura resolución de la Corte Suprema de Justicia.

"Por ahora, no vamos a modificar (la tarifa eléctrica) hasta que no recibamos una instrucción clara de quienes nos proveen la energía, si generará algún mecanismo de topes para las subas o si dejará todo como está. Desde la provincia no podemos tomar ninguna resolución en esto", se abrió el gobernador Miguel Lifschitz.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) hizo circular anteayer, entre todas las distribuidoras provinciales, su habitual anticipo del esquema de precios mayoristas con los que facturará la energía operada. Y para el caso de julio exhibió valores similares a los que venía fijando desde febrero; es decir, con los aumentos decretados por la cartera de Juan José Aranguren en la resolución 6/2016.

Desde la EPE ayer tradujeron la posición de la proveedora nacional. "Esto responde a que el fallo de la jueza Forns ordenaba suspender el cobro de las facturas emitidas en el marco de la resolución ministerial, hasta tanto fuera contestado el informe previsto en el artículo 4 de la ley 26.854", indicaron en un comunicado. Y Cammesa realizó esa contestación el lunes pasado, por lo que interpretó que la orden judicial expiró.

"En consideración de que Cammesa continúa aplicando los precios mayoristas fijados a partir del 1º de febrero, la EPE hace lo propio en lo referente al traslado de dichos precios", fundamentaron desde la distribuidora santafesina. No obstante, aclararon que si hay novedades en el esquema de precios, la EPE "instrumentará los cambios correspondientes con el objeto de que sean trasladados a nuestros usuarios finales".

Los abruptos incrementos tarifarios desataron recursos de amparo y expresiones de descontento popular en las que sus convocantes exhortaron a no pagar la última factura, habida cuenta del último fallo judicial conocido.

La Casa Gris había advertido ya que la EPE no había sido notificada oficialmente sobre el alcance del fallo de Forns. Y la propia jueza, a propósito, retrucó el aviso santafesino: "Si el fallo manda a la mayorista a suspender el aumento, ¿las distribuidoras a título de qué lo van a sostener?", ironizó. Ahora Cammesa dio por cumplido el trámite exigido por la Justicia y sigue adelante con el tarifazo.

La secretaria provincial de Energía ratificó que "la EPE no modificará su facturación, pero entendemos que en algún momento la Corte Suprema se expedirá" sobre la cuestión de fondo. La funcionaria afirmó que en estos días de incertidumbre los clientes de la distribuidora estatal mantuvieron su nivel de pago. "No tuvimos casos de usuarios que se negaran a pagar, sí en el caso de aquel que tiene dificultades para abonar, la empresa busca todas las soluciones posibles para que la gente pueda regularizar la situación. No hay una solución similar para todos los casos, por lo que el consejo es que se acerquen a la empresa a conversar", señaló.

Por último, la funcionaria no quiso abrir juicio de valor sobre la decisión de Cammesa, pero sí la valoró como "es una noticia que llegó en un momento de incertidumbre y que clarifica la situación para los próximos días. Al menos ahora estamos más claros, porque podemos saber a cuánto está facturando Cammesa, que hubiera podido aceptar el fallo judicial y trasladarlo al cuadro tarifario, pero tomó otra decisión. Y lo que Cammesa decida al respecto, la EPE lo va a acatar", cerró.

Mientras tanto, ayer la Legislatura se pronunció en sentido contrario: aprobó dos proyectos: de Silvia Augsburger, Rubén Giustiniani y Fabián Palo Oliver, por el que se le pide explicación al Ejecutivo sobre la actitud de la EPE respecto del fallo judicial, y otro de Carlos Del Frade para que exima del tarifazo a escuelas de gestión privada asentadas en barrios pobres.