"Información de calidad" fue lo que encontró la jueza Mónica Lamperti en la acusación que el fiscal Sebastián Narvaja hizo a once imputados por fraudes inmobiliarios y lavado de activos. Para la magistrada, que fundamentó ayer las prisiones preventivas y libertades otorgadas la noche del martes pasado, la Fiscalía logró una "hilación de circunstancias, con información de relevancia", ante la "presunta intervención de los imputados en maniobras tendientes a despojar de sus bienes a sus propietarios o poseedores", mediante falsos poderes, documentos apócrifos y aprovechando situaciones de titulares fallecidos o ausentes para transmitir los inmuebles a su favor. La pena en expectativa, el peligro de fuga y el posible entorpecimiento fueron las razones de la jueza, quien consideró que el gerente de La Capital, Pablo Abdala y el escribano Luis María Kurtzeman tuvieron un rol "más acotado" en los hechos. Para el abogado Carlos Varela es una decisión "discriminatoria", porque "todos estaban en la misma situación".

Tras una audiencia de más de 15 horas, ya sobre la medianoche del miércoles, Lamperti ordenó nueve prisiones preventivas y dos libertades bajo fianza. Al primer grupo les dio diferentes plazos de detención: Jonatan Zárate y el agente bursátil Jorge Oneto estarán 30 días en preventiva; Roberto Aymo, el gremialista Maximiliano González de Gaetano, el empresario automotriz Leandro Pérez, el empresario de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef; y los escribanos Eduardo Torres y Juan Bautista Aliau estarán en prisión preventiva hasta el 12 de diciembre, es decir, casi dos meses; mientras que Ramona Rodríguez (esposa de Aymo) fue beneficiada con la prisión domiciliaria porque tiene un hijo pequeño. En tanto, el escribano Kurtzemann (h) y Abdala, fueron puestos en libertad bajo caución de 800 mil pesos, pero siguen ligados al proceso. Todos están acusados de integrar una asociación ilícita desde la que se realizaron estafa, fraude y lavado de activos.

En el caso de los que quedaron en prisión preventiva, la magistrada consideró que existe peligro de fuga y de que entorpezcan la investigación debido a la posible pena que podría corresponderles por la saga de estafas inmobiliarias. También apuntó a un posible "despliegue de influencias" dada la situación personal de cada uno.

Respecto de Kurtzemann y Abdala, los dos imputados que fueron dejados en libertad, la jueza consideró que ambos tuvieron un rol "más acotado" en los hechos y, en el caso del gerente del matutino, tuvo en cuenta que al momento de los allanamientos y detenciones se encontraba de viaje en el exterior y al enterarse de ser requerido por la fiscalía realizó un "real esfuerzo" por cumplir con tal requerimiento.

Para tomar esa decisión, Lamperti analizó cada uno de los hechos achacados y los desarrolló en sus fundamentos. En el caso del campo de Villa Amelia que correspondía a la familia del ex camarista fallecido Ernesto Navarro, y que involucra a la gran mayoría de los imputados (Torres, Aymo, Pérez, Jaef, De Gaetano, Abdala, Oneto, Kurtzemann y Aliau), la jueza señaló que de las intervenciones telefónicas "surgirían no solo las relaciones mantenidas entre estos (muchos las negaron) sino el interés que los vinculaba, que no habría sido otro que lo relacionado, en este caso, con las operaciones sobre el predio en cuestión". También señaló que la situación personal de cada uno (de los acusados), sobre todo de aquellos con posibilidad de forjar relaciones económicas con eventual despliegue de influencias, se erigen en circunstancias que viabilizan presumir de modo concreto tanto la peligrosidad procesal como el entorpecimiento probatorio"; mientras que el riesgo de fuga se da en los casos de Aymo, Torres, Pérez, Zárate, González de Gaetano, Aliau, Jaef y Oneto, "atento la magnitud de la eventual pena".

Tras los fundamentos, los abogados defensores adelantaron que apelarán la decisión de la jueza, sobre todo en los casos cuyos imputadas quedaron en prisión preventiva. Ante ello, se espera una nueva audiencia oral en la Cámara Penal. Incluso, Varela adelantó que evalúa pedir un jury contra la magistrada, "por dictar un fallo contrario a la ley, por citar una resolución que no guarda relación (ejemplifica con un caso de homicidio, con pena de prisión perpetua), por no aclarar ni fundar la discriminación que hizo entre los imputados, cuando todos estaban en la misma situación".