Un grupo de padres y alumnos de la Facultad de Medicina se movilizó ayer hasta la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario para exigir la derogación del examen de ingreso a esa casa de altos estudios. El reclamo se hizo público el mismo día que debían rendir el recuperatorio los aspirantes a ingresar a la carrera ya que en el primer test sólo habían aprobado 30 sobre 1030. Los estudiantes fueron recibidos por el rector interino, Aldo Gimbatti quien se comprometió a discutir en el Consejo Superior la legitimidad del examen de ingreso. Además, se acordó que habrá un segundo recuperatorio en el mes de febrero.

Los estudiantes, acompañados por la Federación Universitaria Rosarina (FUR), realizaron una marcha desde la Facultad hasta la sede de Gobierno justo después de rendir el recuperatorio para poder ingresar a Medicina.

Luego de algunas horas frente a la sede de Gobierno, los integrantes de la FUR entregaron una carta al secretario general de la UNR, Héctor Enrique Bares. Más tarde fueron recibidos por Gimbatti.

El primer examen para entrar a Medicina se tomó hace dos semanas y de los 1030 alumnos que lo rindieron, sólo aprobaron 30. Ayer, hubo una nueva instancia de evaluación, de la que participaron alrededor de 500 personas. Los resultados del recuperatorio se conocerán la semana próxima y serán publicados a través del sitio web de la universidad.

Sin embargo, y antes de conocerse estos nuevos resultados, los estudiantes definieron movilizarse para reclamar que el ingreso a Medicina no sea restringido. Desde la FUR manifestaron que en la actualidad las autoridades universitarias violan el estatuto de la UNR ya que el mismo establece la gratuidad y el libre acceso.

En ese sentido, ayer, durante la última sesión del año del Consejo Superior, estudiantes, graduados y docentes de las distintas facultades de la UNR dieron a conocer una declaración pública sobre la situación política e institucional de la UNR. Allí expresan que el momento político que vive la Universidad local "no deja de ser sintomático de la crisis de sentido que atraviesa la universidad pública argentina", tras lo cual enumeraron cuatro acontecimientos: la decisión del rector interino de realizar la Asamblea Universitaria recién en mayo del 2007, cuando el estatuto fija el plazo de 90 días desde la fecha en que se generó la vacante en el Rectorado; los hechos violentos del 16 de noviembre protagonizados por el personal de "seguridad" del Rectorado en cumplimiento de la "disposiciónö del rector de impedir que los estudiantes ingresaran a la sesión"; la votación contra el pedido que se investigue y sancione a los responsables de esos sucesos"; y la ratificación del "ingreso restrictivo" a Medicina que dispuso el Consejo Superior.

"Sin una nueva política que signifique un impulso democratizador de la educación superior bajo la directriz de su compromiso en torno a las grandes problemáticas nacionales no hay superación posible de la crisis que la envuelve", aseveraron para después agregar: "No hay cambio posible de la Universidad si del seno mismo de ella no surge una voz crítica, militante, que asuma forma política, con la suficiente fuerza para llevar adelante las transformaciones necesarias".