Una planteo judicial puso ayer en suspenso el aumento del boleto dispuesto por el municipio que debía entrar en vigencia hoy. Al mediodía la abogada María Laura Maenza anunció que la Justicia había hecho lugar a su presentación, a través de la cual reclamó se declarara nulo el último aumento del pasaje, al considerar que esa decisión era facultad del Concejo y no del intendente. "Hasta tanto no haya novedades judiciales la tarifa sigue siendo la misma de antes", aseguró la letrada. De inmediato el subsecretario Legal y Técnico de la municipalidad aclaró que la jueza Graciela Abraham no se había pronunciado sobre la cuestión de fondo. "La nueva tarifa entra en vigencia a la medianoche", confirmó el funcionario. Más tarde, la secretaria de Servicios Públicos, Clara García, lamentó que Maenza haya "intentado confundir a los usuarios del sistema cuando hay antecedentes de delegación de facultades a la intendencia de parte del Concejo. Que quede claro, la nueva tarifa está vigente", recalcó García. Hoy a las 10, organizaciones barriales harán una movilización hasta el Palacio de los Leones para repudiar al incremento.

Consultada por Rosario/12, María Laura Maenza, quien impulsó la demanda expresada en 18 fojas en base a la ley 10.000 de intereses difusos, indicó que "la Municipalidad no puede hacer lo que quiere, si no sería muy fácil para todos los Entes, ante la ley que crea este tipo de cautelar, decir que no es más automática". La abogada dijo que la presentación, que ingresó el pasado miércoles a los Tribunales, expresa que "la finalidad de la ley 10.000 de intereses difusos es posibilitar a los ciudadanos controlar la legalidad y razonabilidad de los actos de la Administración, es decir, si los actos dictados por el Estado provincial, municipal o comunal se ajustan a las prescripciones de la Constitución provincial y ordenanzas municipales".

Maenza refirió que "en el caso no está en discusión si es justo o no el aumento del boleto, sino si tal aumento se realizó conforme a lo dispuesto en la Constitución provincial y en la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 39 dice que es atribución y deber de los Concejos establecer tarifas para el servicio público de transporte de personas. En virtud del artículo 8 de la ley 10.000, existe una cautelar automática, por la cual al requerirse a la Municipalidad (al notificarse la admisión de la demanda) el informe circunstanciado, se suspenden los efectos de los actos impugnados, por lo que en el día de mañana (por hoy) no debería comenzar a correr el aumento", indica el inciso 9 de la presentación realizada por la letrada rosarina.

La jueza Graciela Abraham admitió la demanda y le dio curso. Por este motivo, le requirió al municipio que presente un informe respecto de la situación que se reclama en la demanda. Según la doctora Maenza, es difícil saber lo que ocurrirá a partir de hoy, pero consideró que "para la Municipalidad hay responsabilidades penales en juego y ellos no pueden hacer lo que quieren. Seguramente van a seguir adelante, aunque creo que no pueden hacer eso". Maenza describió las dificultades que tuvo para acceder a los decretos. "En el caso de la Municipalidad, me pasaban de la secretaría de Gobierno a la secretaría de Transporte. Ante las quejas, y después de insistir, finalmente me los tuvieron que dar", precisó la letrada.

La abogada rosarina había realizado otra presentación ante la Municipalidad, en febrero del 2006, exigiéndole que haga valer su potestad para que controle la frecuencia de los colectivos, además de los aspectos vinculados a la seguridad e higiene de las unidades. El 6 de octubre, la jueza civil y comercial Nº 11, Delia Giles, hizo lugar a la demanda presentada por Maenza, pero desde el Departamento Ejecutivo apelaron, por lo que la causa todavía continúa en trámite.

Las presentaciones de la abogada despetaron dudas en cuanto a la autonomía de sus acciones. Ante esto, Maenza contestó que "soy una ciudadana que no milita en ningún partido político, que utiliza el servicio de transporte público de pasajeros y que lo sufre constantemente. Pueden investigar mi patrimonio, soy una pobre seca. Lo que pasa es que se quiere desvirtuar a la persona que le hace frente a la situación".

Por su parte, la secretaria de Servicios Públicos, Clara García, indicó en declaraciones a Radio Dos que "existen varios antecedentes donde el Concejo delegó facultades al Ejecutivo", y por tanto en la suba del boleto "no hay marcha atrás. Desde hoy el pasaje pasará a costar $1,20".