Mientras Gabriel Ureña, el chico de 9 años que sufrió graves heridas al caérsele un mástil en la cabeza evoluciona favorablemente, el representante de cooperadores escolares ante el Fondo de Asistencia Educativa (FAE), Carlos Franco, denunció que el ministerio de Educación no tiene una política de mantenimiento de las escuelas y reveló que la provincia está debiendo alrededor de 10 millones de pesos. La ministra Adriana Cantero dijo que el FAE también es responsable del mantenimiento y reparación de edificios escolares.

La polémica se generó luego del accidente que sufriera un chico de 9 años en la escuela Nº 133 "20 de Junio", en la zona norte de Rosario, a quien se le cayó un pesado mástil en su cabeza y permanece internado en el hospital de Niños Víctor J. Vilela.

En declaraciones a LT 8, Franco dijo que "nunca ha habido una política del Estado provincial que tienda al mantenimiento y prevención en las escuelas. Es muy difícil implementarlas desde el Estado esta infraestructura. Sí se podría hacer desde el FAE y en una oportunidad nosotros como cooperadores escolares elaboramos una propuesta y la pusimos a consideración del Ministerio, que se opuso. No hay política de mantenimiento y prevención. Por el otro lado se ha venido haciendo una política de Estado de puertas cerradas lo que significa que al hacerla así no hay participación de los padres a través de las asociaciones cooperadoras. Hoy es muy difícil encontrar una escuela que tenga su asociación cooperadora constituida como cuando nosotros íbamos a la escuela. Una cooperadora que se dedique al mantenimiento, a la prevención, a ir todos los días para ver qué es lo que le hace falta al edificio".

Franco recordó que "hace años que la provincia no paga y nosotros estamos en juicio porque debe estar debiendo al FAE Rosario exclusivamente unos 10 millones de pesos. La Municipalidad está cubriendo nuestras necesidades ya que estamos recibiendo alrededor de 350 mil pesos mensuales.

El representante ante el FAE indicó que "los últimos subsidios que se han distribuido después de la pedrada del 15 de noviembre y de las inundaciones han sido canalizados a través de las direcciones de las escuelas, tirándole encima una responsabilidad más a las directoras. Además hay una legislación que prohíbe el manejo de recursos por parte de los docentes".

En tanto, el fiscal de Cámaras en turno, José María Peña, instruyó a su par, Graciela Argüelles de Funes, para que investigue si el mástil "estaba en condiciones", por lo cual se solicitó un peritaje y la apertura de una causa por "lesiones culposas" contra las autoridades del colegio.