El gobierno provincial decidió intervenir la Dirección General del Registro Civil por 30 días ante las quejas por demoras en los trámites así como por las falencias edilicias, inconvenientes que "no fueron debidamente comunicados" según el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa. El funcionario llegó personalmente a la repartición de Salta 2752, que ayer se vio colapsada ante un pico de demanda de partidas de nacimiento y obras de reparación del lucernario -aún sin habilitar- que dejaron sin funcionar el sistema informático. El titular de la cartera política recibió el reclamo directo de la gente y en publico llamó la atención a los responsables locales y separó del cargo a la titular provincial Iride Mariani. "Hay una serie de hechos que alteraron el normal funcionamiento, la atención a la gente y por lo cual hay que buscar responsabilidades", argumentó Rosúa.

Según Rosúa, "ante las gravísimas fallas hemos decidido la intervención y además la elaboración de una pericia técnica para determinar la rotura de vidrios y los posibles daños posteriores que pudieran ocurrir y que pudieran afectar la seguridad de la gente". Su principal reproche hacia el personal superior fue que no se informara sobre el incidente que generó el problema informático ﷓el desprendimiento de mampostería de una zona superior del salón que cayó sobre el equipamiento el 5 de noviembre, es decir, hace diez días﷓ lo que ocasionó los retrasos y las quejas.

"La intervención consiste en que la máxima autoridad del Registro Civil es reemplazada por un funcionario designado por la provincia con facultades extraordinarias para iniciar una investigación de lo que aconteció, de la actual situación y aconsejar las medidas a tomar por el Poder Ejecutivo", dijo el ministro de Gobierno.

En consecuencia la titular del Registro Civil a nivel provincial, Iride Mariani, fue desplazada por 30 días para hacer una profunda investigación de cómo están las cosas en la repartición, según señaló el ministro.

Rosúa sostuvo, en declaraciones radiales, que aún no hay interventor nombrado pero recalcó la necesidad de hacer una profunda investigación de todo lo que pasó.

Respecto de la escasez de personal que reclaman desde dos años las autoridades del Registro Civil, Rosúa sostuvo que será tarea del interventor recomendar si son necesarios refuerzos en la época pico. También dijo que el interventor designado deberá "revisar que las reparaciones hayan sido hechas con solvencia, quiénes la han hecho y si hay responsables técnicos, responsables de omisión por no comunicar a tiempo los problemas".

Sobre la rotura del lucernario producida hace unos días, Rosúa explicó que si bien ese sería el detonante de la medida tomada, esto desencadenó "en una serie de hechos que alteraron el normal funcionamiento y perjudicaron a la gente".

Por su parte, la coordinadora de la zona sur del Registro Civil, Mercedes Borsani, se mostró sorprendida por la medida aunque cree que el sumario que se abrirá es para delimitar responsabilidades. De igual modo la funcionaria aseguró que la atención al público en la repartición de Salta al 2700 "es normal".