La abogada Gabriela Durruty del Centro de Derechos Humanos "Juan Carlos Gardella" de la Facultad de Derecho hizo un informe sobre las causas en las que se investiga el accionar del terrorismo de estado en la región. Después de hacer un breve repaso por la historia de esas causas y de las situaciones anteriores a la anulación de las llamadas leyes del perdón, Obediencia Debida y Punto Final, expresó que al CEIDH, a la organización Familiares y a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre les toca seguir representando a querellantes

Durruty explicó que, en general, las causas se plantean a partir de cada centro clandestino de detención conocido. "Aunque más allá del Ex Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de la Provincia y la Ex Fábrica Militar de Armas, que fueron reconocidos desde la Causa 13/84 (Juicio a las Juntas), La Quinta de Funes y La Calamita, lugares de detención ilegal sobradamente acreditados, siguen apareciendo datos a medida que avanzan las investigaciones. Todavía no conocemos la magnitud del horror", aseguró. La Abogada de Familiares y del CEIDH explicó que los juicios orales tendrían lugar, en principio, desde fines del año en curso y durante el 2009.

"¿Por qué resulta pertinente. incorporar los juicios sobre el terrorismo de estado en una jornada de debate sobre presos políticos?, planteó Durruty. "Precisamente porque forma parte de la herencia del estado genocida. La misma Justicia que propició la impunidad durante más de 20 años, impunidad que sólo se quebró por la titánica labor de las asociaciones defensoras de los DDHH y sus abogados, es la que hoy criminaliza y encarcela luchadores sociales, como sucede en toda América latina. Una gran deuda del estado de derecho es la democratización del Poder Judicial. Los juicios orales son una respuesta de la república a las generaciones futuras. El fin de este arduo camino para desandar la impunidad".