La reciente aprobación de la Ley de Cupo Laboral Trans, dejando de lado las emociones de quienes hemos travajado en ella, nos lleva a pensar qué significa realmente este paso adelante. Primero genera para mí una fuerte pregunta con respecto a nuestra relación con el mundo laboral, la idea de que puede haber un mundo laboral desprendido de los atávicos discursos. Los discursos sobre nosotras han estado siempre ligados a dos cuestiones: lo prostibulario y lo médico. Aunque no se perciba a simple vista este proyecto también tiene que ver con esos dos temas. Por un lado, lo más obvio: porque permite pensarnos a nosotras mismas vinculas al travajo más allá de la prostitución. Por otro, también se complejiza el discurso médico porque para obtener un derecho históricamente la Justicia nos ha hecho pagar con nuestros cuerpos. La Justicia nos ha obligado a normativizarnos, a binarizarnos, a someternos a pericias médicas y psiquiátricas que nunca supimos exactamente de qué buscaban dar cuenta. La Ley de Identidad de Género comenzó a poner eso en cuestión. Nos ha permitido plantear nuestras demandas como derechos y no como beneficios. Y esos derechos deben estar al alcance de quien haya querido cambiar su nombre de pila en el DNI y de quien no. Esa ley prevé que quienes no hayan cambiado su nombre igual serán tratadxs con su nombre identitario. El paso siguiente era profundizar el avance: alcanzar un derecho tan fundamental como lo es el derecho al travajo. La ley viene a decir algo tan vital como: ustedes también pueden travajar. E indirectamente obliga a la medicina y a la Justicia a replantearse algunas preguntas: ¿qué son los derechos? ¿La Justicia equivale solamente a la reparación de una situación injusta? Y cuando repara la inequidad, ¿en qué términos lo hace? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo el parámetro de la compasión? ¿Bajo el amparo del discurso médico? ¿O lo hace como una restitución real? La Ley de Cupo Trans responde: estas personas tienen derecho a acceder a un empleo en el que no se ponga en tela de juicio su identidad de género ni su orientación sexual. La misma Justicia ahora se ve en apuros porque, a la hora de conceder un derecho: ¿bajo qué construcción lo va a hacer? Estas preguntas amplían la discusión sobre lo que significa la ciudadanía y la democracia. Muchas veces banalizamos la democracia como el derecho al voto o a la libre circulación. ¿Todos y todas somos realmente libres? Lo que hace el Estado con una ley como ésta es interpelar a las instituciones. Como siempre los sectores más reaccionarios salen a contestar y esgrimen con mínimas variaciones lo mismo de siempre: en vez de derechos hablan de privilegios, y lo curioso es que, si alguien ha tenido privilegios en este país, no hemos sido precisamente nosotrxs. Tampoco se le está quitando a alguien algo para dárselo a otro: se está buscando un sentido justo y libertario de la equidad. 

La ley habla de idoneidad para los cargos, pero ésta se entiende también como expertise, lo que la compañera sepa hacer o esté en condiciones de aprender a hacer, y no simplemente de estudios formales. Porque si no, estaríamos en la misma: ¿Qué currículum se le puede pedir a la compañera, que nunca en su vida ha tenido un travajo formal? Cuando la ley se reglamente, a las organizaciones nos va a tocar monitorear que se cumpla efectivamente. Lo que queda como interrogante es el silencio del sector privado ante la sanción de la ley. Me inquieta ese silencio porque callando también se habla. ¿Seremos recibidas por el sector privado algún día en condiciones de travajadoras y travajadores? ¿Podremos alguna vez sentarnos con ellos a la mesa a discutir nuestras paritarias? ¿Y los gremios? Recuerdo que hace algunos años Moyano declaró: “díganme de todo, menos puto”. ¿Después de tantos cambios habrá tenido la oportunidad de reflexionar y de enterarse de que aquéllxs que rechazaba tan enfáticamente ahora podemos ser parte de su gremio? ¿Todos esos sectores se habrán enterado de que hay nuevos sujetos que encaramos el derecho al travajo?