El filósofo Peter Singer sostiene que la omisión tiene el mismo peso moral que la acción. Si alguien toma conocimiento de una situación discriminatoria y la ignora, es tan responsable como quien comete la discriminación. Hace una semana que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos mandó una nota a 10 gobernadores en cuyas provincias aún existen normas que penalizan y criminalizan a homosexuales, travestis y transexuales. Pese a este respaldo del ministro Aníbal Fernández a la Campaña Nacional por la derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales, encabezada por la Comunidad Homosexual Argentina, hasta ahora el presidente de la CHA recibió un solo llamado.

“¿Si sabían sobre el tema? Entiendo que a medias. Igualmente, con la nota únicamente, no resolveremos nada. Tendremos que hacer una actividad militante que culmine con las correcciones legislativas buscadas”, fue el breve comentario de Fernández al suplemento Soy. El llamado que recibió César Cigliutti provino de Santa Cruz e incluyó la promesa de presentar un proyecto en la Cámara de Diputados provincial, que derogue una norma que desde 1961 reprime con multa o quince días de arresto a “las personas que en lugares públicos o de acceso público hagan manifiestamente proposiciones tendientes a prácticas homosexuales” y “a los homosexuales reconocidos que fueren hallados en hora o lugar sospechoso con menores de dieciocho años”.

En la CHA, como en el resto de las organizaciones que respaldan esta iniciativa, saben que la discriminación no va terminar con la derogación de estos códigos. “Pero las leyes también educan —advirtió Cigliutti—, y en algunas provincias basta con el interés político del gobernador para que se deroguen; por eso es muy importante el apoyo y la difusión que hizo Aníbal Fernández.” Además, continuó, “estos códigos se aplican, la gente es detenida, violentada y a veces violada”.

En adelante, la estrategia de esta campaña nacional será reunirse con las autoridades provinciales (el primero en la lista es el gobernador bonaerense, Daniel Scioli) para informarlos y asesorarlos sobre el tema. Se golpeará la puerta de los despachos de aquellos diputados provinciales que integren la Comisión de Derechos Humanos local y luego se hará una denuncia pública para que se sepa qué leyes avalan la discriminación y la segregación de las personas por su identidad sexual. Todo esto, reconoció el presidente de la CHA, si se consiguen los fondos para costear los viajes.

El primer Código de Faltas que hizo expresa mención discriminatoria de la homosexualidad o el travestismo fue el de la provincia de Santiago del Estero. Desde 1953, la Justicia local incluye entre los “Actos Contrarios a la Decencia Pública” al que “se exhibiere públicamente con ropas de otro sexo, siempre que la costumbre lo reprima, salvo durante las fiestas de carnaval u otras en que estuviere permitido, pero en ningún caso cuando las vestimentas fueren indecorosas”. Después de que se sancionara la mencionada norma en Santa Cruz, el Código de Faltas de La Rioja estableció la Ley 7062, cuyo artículo 60 castigaba la “prostitución escandalosa y el homosexualismo”. Normas similares fueron apareciendo en provincias como Neuquén (1962), Mendoza (1965), Buenos Aires (1973), Formosa (1979), San Juan (1990), Santa Fe (1991) y Catamarca (2000).

La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans también presentó un informe sobre el tema en marzo de este año, y en la cartera que maneja Aníbal Fernández. “En ese escrito incluimos figuras abiertas que también son utilizadas para perseguirnos, figuras relacionadas con la prostitución y las buenas costumbres —comentó la presidenta de la Falgbt, María Rachid—; esto no termina en estas diez provincias, hay muchas más. En Salta, por ejemplo, la situación es más grave y no hay normas que no hablen expresamente de homosexualidad o travestismo; se usan otras.”

El lunes pasado, el Instituto Nacional contra la Discriminación se plegó al reclamo y envió notas a los gobernadores de todas las provincias y al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Además de pedir la derogación de estas leyes discriminatorias, el Inadi aconsejó a los mandatarios crear un área de diversidad sexual local —hasta ahora sólo existe en Rosario— “que atienda este tema de manera específica, interdisciplinaria y transversal, con el objetivo de desarrollar las propuestas del Plan Nacional contra la Discriminación relacionadas con la población de lesbianas, gays, bisexuales y trans”.