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La norma que fue convertida en Ley a partir de la postura del oficialismo y de algunos senadores de la oposición, obteniendo 35 votos a favor y 17 en contra.

El proyecto deroga hasta fines de 2010 varios artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, entre los que se incluye el 10 que originalmente indicaba que la tasa de incremento del gasto público primario (antes del pago de deuda) de las provincias no podría superar la tasa de suba del PBI.

Ahora se excluye del tope los fondos que promuevan "la actividad económica, sostener el nivel de empleo y dar cobertura a la emergencia sanitaria y a la asistencia social".

También se suspenderá el artículo 19 que establecía que "el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires deberán ejecutar sus presupuestos preservando el equilibrio financiero".

Al modificar el artículo 12, referido a la capacidad de endeudamiento, se les permitirá a las provincias financiar gasto corriente con recursos generados por "la venta de activos fijos de cualquier naturaleza" y con más crédito.

El proyecto también expresa la decisión de dejar sin efecto el límite que indicaba que los servicios de la deuda no podían superar el 15 por ciento de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación.

Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Fabián Ríos (PJ-Corrientes), sostuvo que la Ley de Responsabilidad Fiscal es "una herramienta efectiva que necesita hoy de una medida de excepción para atenuar los impactos sobre las provincias y sobre la caja de la tesorería nacional de conflictos que son exógenos y que no fueron generados dentro de nuestro país".

Ríos agregó que "la Ley como regla general sirve", pero "en los casos de enfermedades, pandemias, de la sequía que afectó a casi todo el país y de la caída de los recursos por la crisis financiera, el régimen muestra debilidades y genera algunas dificultades".

"Por eso el Poder Ejecutivo implementa esta medida de excepción. Para que este bache producido en 2009 se pueda amortizar durante los próximos dos años", indicó Ríos, quien pronosticó que "los recursos de coparticipación alcanzarán un incremento del 15 por ciento para el año 2010".

El jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, cerró el debate diciendo que esta Ley se debe votar por "problemas de mala gestión en las provincias argentinas".

"Es fundamental que este año abordemos la situación del endeudamiento de las provincias. Es el momento para hacerlo. Si además salimos hacia delante, avanzamos en una renegociación del canje de deuda, el país, a partir de 2010, va a ser otro país", pronosticó Pichetto.

El radical jujeño Gerardo Morales consideró que "este proyecto es una respuesta centralista unitaria a los problemas que tienen los gobernadores ante el déficit fiscal"; y remarcó que "es un proyecto para someter a los gobernadores".

Entre los senadores no oficialistas que apoyaron la Ley figuraron el representante del Movimiento Popular Neuquino, Horacio Lores, la rionegrina María José Bongiorno (Encuentro de los Rionegrinos, ex FPV)y su comprovinciano, el radical Pablo Verani; en tanto que la justicialista Silvia Giusti, que aún pertenece al Frente para la Victoria pero responde al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, votó en contra.