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"Esta convención constituye un mensaje de esperanza para las familias de los desaparecidos", declaró Olivier Dubois, jefe adjunto de la Agencia Central de Búsquedas y de la División de Protección del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Paraguay se convirtió en agosto en la nación número 19 en ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada el 20 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que necesita la adhesión de 20 Estados para entrar en vigor.

"Provocar la desaparición de una persona mediante su detención secreta, secuestro o ejecución extrajudicial es totalmente injustificable. Los familiares de los desaparecidos sufren un dolor y una angustia desgarradores que pueden durar años o, incluso, toda la vida, y que les impide llevar una vida normal. Es imperativo que el mayor número de Estados posible firme la convención y se adhiera a ella", aseguró Dubois.

"La implementación de la Convención fortalecerá la capacidad de los Estados de reducir el número de desaparecidos y ayudará a concretar las demandas de las víctimas y sus familias de justicia y verdad", indicó el Grupo de Trabajo contra las desapariciones forzadas de la ONU en un comunicado.

Las desapariciones forzadas aparecieron en el continente americano a principios de los 60 en Guatemala. En pocos años se expandieron a naciones como Argentina, El Salvador, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia y Uruguay como un método para combatir la insurgencia y acallar la oposición.

Al menos 90 mil personas fueron desaparecidas en esas décadas en América Latina, según estimaciones de Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos.

En su mayoría fueron ejecutadas por dictaduras militares -varios de cuyos líderes fueron entrenados en escuelas estadounidenses- y en el caso del Cono Sur llegaron a actuar incluso de forma coordinada para reprimir los movimientos insurgentes mediante el llamado Plan Cóndor.

La última dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 dejó un saldo de 30 mil desaparecidos, según los organismos de derechos humanos.

Ex dictadores, jerarcas y represores están siendo juzgados en los tribunales nacionales por estas desapariciones y otros delitos de lesa humanidad, luego de que se dictara la inconstitucionalidad de las leyes que los habían beneficiado. Mientras tanto, los equipos de antropólogos forenses avanzan en la identificación de restos de personas enterradas como NN.

En tanto, Argentina también sufrió desapariciones durante su último, y actual, período democrático: Jorge Julio López. El hombre desapareció en 2006, cuando

era querellante y testigo clave en un juicio contra un ex represor. Había sido secuestrado en 1976 y liberado casi tres años después.

En Chile, donde más de un millar de personas fueron desaparecidas en la dictadura de Augusto Pinochet, los familiares de las víctimas lamentaron la ambivalencia de la Justicia. "Sentimos que hay un retroceso significativo", sostuvo la vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García.

En Chile, más de tres mil personas fueron ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura pinochetiana, entre 1973 y 1990, mientras que otras 50 mil fueron torturadas, según informes oficiales. Hoy hay 700 ex represores procesados, de los que sólo 50 cumplen condenas.

Según la organización no gubernamental Comisión Intereclesial de justicia y paz en Colombia la primera desaparición forzada se registró en el año 1977 y se estima que desde entonces la cifra oscila entre 15 mil y 50 mil personas desaparecidas forzadamente.

Datos de la Fiscalía indican que en el país unas 32.682 personas han sido víctimas de desaparición forzada. Además, estadísticas del ente acusador también dan cuenta que en los últimos años más de 500 militares han sido procesados por casos relacionados con desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

En 2002, una denominada Comisión de la Verdad entregó a la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, al Procurador General de la Nación y a los familiares de las víctimas, un informe sobre 110 casos de personas desaparecidas de 1968 a 1989 durante varios gobiernos militares.

El gobierno militar del general Manuel Noriega fue depuesto por la invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989, pero los bombardeos y los ataques de la aviación generaron destrucción y la desaparición de personas, que algunos estiman en cuatro mil víctimas.