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Limpian casas, cuidan a los chicos, preparan la comida y ayudan a mantener en funcionamiento la vida familiar. En la Argentina hay un millón doscientas mil mujeres que trabajan en casas de familia, tarea que se ha bautizado, con un dejo despectivo, como servicio doméstico. La actividad está normada por un régimen especial que excluyó a las empleadas domésticas de la legislación que protege al resto de los trabajadores. Ahora, por un proyecto del Poder Ejecutivo que está en tratamiento en el Congreso, se estudia equiparar sus derechos con los establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto limitará la jornada laboral a ocho horas, reconocerá la licencia por maternidad, les dará más vacaciones y permitirá que quienes trabajan por hora puedan tener aportes jubilatorios.

La propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde está haciendo el recorrido por las comisiones previo a su tratamiento en el recinto. En ese camino tuvo el aporte de los sindicatos del sector, que le dieron su apoyo, y el de otros proyectos presentados por distintos bloques. El régimen a modificar es tan visiblemente vetusto que su reemplazo no ha generado resistencias; el proyecto se tratará con carácter preferencial, por lo que se espera que en septiembre sea votado y obtenga media sanción.

Vulnerables

“La ley vigente no nos reconoce como mujeres ni como trabajadoras”, dice Manuela Muñoz desde el sindicato de Empleadas en Casa de Familia de Entre Ríos (CTA). Muñoz es protagonista del proceso de sindicalización que se está dando en el sector: pertenece a un gremio creado hace apenas cuatro años, que resultó ser el primer sindicato de empleadas domésticas de la provincia. “Comenzamos por eso, porque no sabíamos nada acerca de nuestros derechos. Tuvimos que capacitarnos desde cero, y ahora estamos capacitando a las chicas que se acercan, hacemos sobre todo un trabajo de educación.”

Como el trabajo se hace en casas particulares, donde no entran inspecciones del Ministerio de Trabajo, y como más del 80 por ciento está en negro, no hay estadísticas oficiales que den un panorama de la situación. El sindicato de Entre Ríos hizo un relevamiento entre las afiliadas que da un perfil del sector: encontraron que el 80 por ciento son jefas de hogar, “la única manutención dentro de la familia porque el esposo está desocupado o porque están solas”. Que nueve de cada diez no tienen casa propia; que la mitad alquila y el resto vive en lugares prestados o con parientes. Que sólo el 15 por ciento trabaja en blanco y ninguna llega a ganar el salario mínimo. Que el 40 por ciento percibe el sueldo de la categoría más baja, 673 pesos, correspondiente a cuatro horas de trabajo por día.

Iguales derechos

El marco legal del servicio doméstico vigente en el país fue escrito con una idea más cercana a la servidumbre que a la de un trabajo. El problema no es exclusivo de la Argentina, y este año fue abordado especialmente por la Organización Internacional del Trabajo. La OIT aprobó en su conferencia la elaboración de un convenio que regule el trabajo doméstico, lo que ayudó a crear un clima favorable para que avance la idea de modificar el estatuto argentino.

“Los trabajadores de casas particulares son ciudadanos y ciudadanas que prestan un servicio y merecen, y deben, ser alcanzados por normas protectorias ajustadas a los principios generales del derecho laboral argentino”, señala el proyecto de ley que, con la firma de la presidenta Cristina Kirchner, fue enviado a principios de año al Congreso. Los principales cambios que traerá –incluidas las modificaciones que se agregaron en las comisiones– son las siguientes:

- Licencia por maternidad. Hasta ahora no era reconocida. Esta licencia no significará mayores gastos para el empleador, ya que los sueldos de estos meses son pagados por la Anses (así es en todos lo casos).

- La jornada laboral quedará limitada a 8 horas por día y 48 horas semanales. La ley vigente permite hasta 12 horas diarias de trabajo para el personal sin retiro, y no pone límites horarios al personal con retiro.

- El empleador podrá establecer una distribución desigual de las 48 horas de trabajo semanales, pero sin que ninguna jornada exceda las 9 horas.

- Se establece un descanso semanal mínimo de 35 horas, a partir del sábado entre las 13 y las 16.

- La cantidad de días de vacaciones también se va a equiparar a lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo, con 14 días por año que van aumentando según la antigüedad.

- De igual manera, tendrán la misma cantidad de días de licencia por enfermedad.

- El empleador deberá contratar un seguro de riesgos de trabajo.

- La indemnización por despido se duplicará (hoy es de un mes de sueldo por cada año de antigüedad).

- La ley se aplicará en todos los casos (hasta ahora cubre sólo a quienes trabajan más de 4 horas por día, 4 veces por semana). Incluirá a niñeras y a quienes cuiden adultos o discapacitados, sin conocimientos profesionales.

Un tema que todavía está en discusión, impulsado por los sindicatos, es si se contemplará la necesidad de que aquellos que tienen entre 16 y 18 años tengan estímulos para completar sus estudios.

Cambio cultural

Para Alejandra Angriman, secretaria de Igualdad de Género de la CTA, la discusión sobre el trabajo doméstico “hace visible todo lo que estas trabajadoras vienen a reemplazar, como el cuidado de los hijos o de los padres. En este sentido, es el reemplazo de un Estado ausente, por lo que el cuidado de la vida se traslada al ámbito privado”. La falta de guarderías maternales o escuelas que brinden la opción del tiempo completo se combina con la tendencia a que los mayores de 60 sigan trabajando, con lo cual los abuelos ya no están disponibles para quedarse con los chicos mientras las madres trabajan.

Angriman señala que en las grandes ciudades una parte muy importante del trabajo doméstico se dirige al cuidado de chicos “tanto como a limpiar, lo que marca que se trata de un reemplazo de la mujer en su rol tradicional”. Otro dato interesante que da la entrevistada es que, junto con el perfil tradicional de la trabajadora doméstica, hoy coexisten las estudiantes que, sobre todo en las provincias del interior, hacen de niñeras para cursar en la universidad. “Esto ayudó a que surgieran muchos gremios.”

Alcira Burgos, en cambio, ya se jubiló y pertenece al sindicato de Personal de Casas de Familia de Córdoba, uno de los más antiguos del país, y el único que realiza mediaciones. Cuenta que el principal motivo de conflicto es el no respeto de los salarios mínimos y las categorías, “porque la dueña de casa da empleo de acuerdo con su necesidad, no de acuerdo con la ley”. Burgos lo señala para marcar lo que considera el eje del debate: “Hay una cultura instalada que nos considera servidumbre y no trabajadoras”. Los patrones “deben comenzar a dejar de ser patrones para ser empleadores”. Una muestra de cuán instalada está esta mirada de la trabajadora doméstica es que, pese a las campañas del Gobierno y las facilidades para el blanqueo, los sindicatos aseguran que sólo el 15 por ciento de las trabajadoras logró ser blanqueadas; aunque al empleador no le cueste nada, ya que el aporte máximo es de 35 pesos, descontable de Ganancias.

Manuela Muñoz coincide: “El trámite es muy simple, no tienen que pagar contadores porque lo bajan de Internet, lo imprimen, lo completan y lo pagan en cualquier Rapipago. Si lo descuentan de Ganancias les sale gratis, y si no, como máximo son 150 pesos al año. Considerando que se trata de la persona que está cuidando tu casa y a tus hijos, que el día de mañana va a tener una jubilación, o protección cuando no pueda trabajar más, lo debería hacer todo el mundo. Es una cuestión de respeto al ser humano, al que le estás garantizando lo mínimo”.

Hasta ahora, el sueldo mínimo del sector es fijado por Trabajo. Uno de los temas que quedarán abiertos es que no existe una cámara de empleadores; tras la sanción de la ley, deberá buscarse una solución. En Uruguay, los gremios lo encontraron convocando a las asociaciones de amas de casa, con las que tienen negociaciones paritarias anuales.