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La primera de las iniciativas reemplaza a la Ley de Telecomunicaciones del 2000 y fue aprobada con el voto de la mayoría socialista y el rechazo de las bancadas opositoras de Podemos, Frente Humanista y Patria para Todos.

Entre sus principales disposiciones, la ley declara de interés público al sector, prohíbe la inversión extranjera en radio y televisión y establece la entrega de concesiones por un máximo de 15 años, renovables, en lugar de los 25 actuales. Además, la iniciativa permite al Estado "proceder a la reversión de los bienes afectados al servicio", en caso de "extinción" de los permisos que son catalogados de "personalísimos" y no pueden ser transferidos ni vendidos.

En la ley se suprimió un polémico artículo que creaba un punto único de acceso a Internet en el país. El presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación de la Asamblea, Manuel Villaba, consideró que el debate "demostró una vez más que el Estado venezolano respeta la libertad de expresión" y consideró a la nueva norma "perfectamente ajustada a lo que es la Constitución nacional".

Antes, la mayoría oficialista legislativa había sancionado una reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que regula los contenidos en internet, de la misma manera que lo hace en los medios audiovisuales.

Según el texto legal, serán sancionados en la web, al igual que en los medios, los mensajes que pudieran "hacer apología del delito", "fomentar zozobra en la ciudadanía" o los destinados a "desconocer a las autoridades". La Ley prohíbe también la transmisión de contenidos con elementos de sexo, y los que puedan incitar y promover el odio y la intolerancia por razones políticas, religiosas, diferencia de género por racismo o xenofobia. También quedan vetados aquellos mensajes que puedan constituir manipulaciones mediáticas, apologías del delito, inducir al magnicidio o emitir ofensas a autoridades.

La oposición rechazó con vehemencia la aprobación de ambas leyes. "Es absolutamente violatoria de la Constitución, de la libertad de expresión y del libre ejercicio de la comunicación en el país", denunció el diputado opositor Ismael García. "El derecho a la información, a la comunicación, el acceso a los medios está plenamente garantizado, en la Constitución y en esta ley", respondió por su parte el oficialista Earle Herrera.