Los representantes provinciales y nacionales deberán informar oralmente al Tribunal sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008.

La sentencia, conocida como "Fallo Mendoza", ordenó "la recomposición y prevención del daño al medio ambiente existente en el ámbito de la cuenca" y "un programa de objetivos y resultados cuyos contenidos y plazos fueron establecidos con precisión respecto a cada uno de los diversos mandatos de ejecución obligatoria".

La Corte reconoció que "las medidas informativas y el pronunciamiento ordenatorio adoptados con aquel objetivo durante el año 2010 han representado un incentivo para profundizar la ingente función que viene desempeñando el titular del Juzgado Federal de Quilmes", Luis Armella, en quien fue delegado el seguimiento del cumplimiento del fallo.

En la audiencia pública también "tomará intervención el Defensor del Pueblo de la Nación, a fin de expresar las observaciones que tenga respecto del grado de cumplimiento del plan de saneamiento hasta la fecha, y la Auditoria General de la Nación, con el objeto de informar las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado en el fallo y las observaciones que ha realizado hasta el momento".