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Armella ya había ordenado el desalojo el miércoles de la semana pasada, pero aún no fue cumplida por diferencias entre los gobiernos nacional y porteña sobre la competencia para llevarla a cabo.

El ministro de Justicia, Julio Alak, había resaltado que la Policía Metropolitana tiene hace dos años la competencia para cumplir con la orden de delitos de ese tipo. Pero el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, repitió que la Ciudad no cuenta con "grupos especiales" para el operativo y solicitó la intervención de la Policía Federal para concretar el desalojo.

En la nueva intimación, el juez advirtió al titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi; a las fuerzas de seguridad que disponga la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y a la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la orden de liberar los departamentos usurpados continúa con "plena vigencia".

Y agregó: "Deberá ser acatada sobre la totalidad de las viviendas y/o construcciones que se encuentran dentro del predio citado, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones ya notificadas".

El magistrado también reclamó a Mussi y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que una vez desalojado el predio realicen "en forma inmediata la asignación de las viviendas" a sus reales beneficiarios. Ayer, Larreta indicó que el desalojo de la toma "va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal", pero no habló sobre el déficit habitacional y la subejecución en materia de vivienda por parte del gobierno local.

En la resolución, Armella también requirió al titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y a autoridades de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño "la planificación de un sistema de información de la asignación de las viviendas que se vayan planificando y construyendo, distinto al que se está realizando hasta ahora, y que prevea las acciones y medidas a adoptarse para la custodia y preservación de los predios"

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