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El tribunal dejó sin efecto la resolución del juez federal Claudio Bonadío, quien meses atrás había procesado a Larosa por hurto y violación de domicilio al equiparar la sede de la cartera a una morada familiar.

La defensa de Larosa sostuvo que el hurto "nunca existió" porque la imputada sustracción de "información" no equivale al apoderamiento ilegal de cosas materiales. Los abogados Santiago Vegezzi y Federico Pinto agregaron que tampoco le cabe a Larosa la imputación de violación de domicilio porque el Palacio de Hacienda no puede ser incluido dentro del concepto de morada, que tutela el artículo 150 del Código Penal.

En coincidencia con los defensores, la Sala I de la Cámara cuestionó que el juez de primera instancia se refiriera de manera indistinta a "documento" e "información" para señalar el destino de las maniobras atribuidas a Larosa. Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah afirmaron que -de esa manera- no se percibe "si han sido papeles con datos aquello de lo que el imputado se habría apoderado".

El tribunal acotó que la imputación contra Larosa, ("haber ingresado sin autorización y con el objeto de apoderarse de la información resguardada") exhibe un fin del sindicado "intruso", pero no las aristas "que permitirían evaluar la adecuación típica de esos hurtos consumados que se le adjudican".

La causa se inició el 16 de abril de 2010 cuando Larosa fue descubierto debajo de un escritorio en el despacho del subsecretario de Presupuesto del Ministerio, Raúl Rigo, lugar al que habría accedido en búsqueda de información.

Hasta que se produjo su detención Larosa, de 53 años, trabajaba como colaborador ad honorem del diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano y como asesor del senador fueguino del ARI José Martínez. Había sido funcionario del Palacio de Hacienda hasta 1993 y en los noventa trabajó en el Instituto de Estudios y Participación (IDEP) de la CTA.