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Una sala especialmente conformada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Luis Rimondi y Mario Filozof declaró "inadmisible" el recurso del abogado Pedro Baldi, quien representa al ex mandatario y actual senador riojano en causas penales que tramitan ante los tribunales federales, ya que la causa no equivale a "sentencia definitiva ni equiparable a ella por sus efectos", condición necesaria para que la Casación intervenga en un expediente.

Así, la Cámara Federal cerró el camino a una nueva instancia de revisión, pero igualmente Menem podrá llegar hasta la Casación por la vía de un "recurso de queja". El 8 de abril pasado la Cámara Federal confirmó una resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que mantuvo vigente la causa por los "sobresueldos", iniciada hace siete años por la Oficina Anticorrupción, y el magistrado la elevó hace 10 días a juicio oral y público.

Además de Menem serán juzgados el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, el ex titular de la cartera de Defensa Oscar Camilión y otros cinco ex funcionarios.

Menem y el resto de los imputados están acusados por "peculado", delito para el que se prevén penas de dos a 10 años de prisión, mediante una "maniobra delictiva llevada a cabo durante los dos períodos presidenciales de Menem entre los años 1989 y 1999", según la Justicia.

El presunto pago de sobresueldos "consistió en la implementación y ejecución de un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma periódica por parte de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo", se indicó. Menem, quien es senador nacional y está siendo juzgado por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, está acusado de idear y decidir la puesta en funcionamiento de un "sistema ilícito de pago a funcionarios de más alta jerarquía", dar las instrucciones para su implementación y realizar "en forma personal actos ejecutivos concretos de la maniobra especialmente diseñada para la sustracción continuada de caudales de carácter público".

La acusación de la Justicia señala que Alsogaray y Camilión cobraban entre 20 mil y 60 mil pesos por mes de sobresueldos y que una parte del dinero lo distribuían entre funcionarios de sus dependencias.