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De acuerdo al relato oficial, cuando los policías ingresaron al lugar encontraron a Álvarez González "oculto en un techo falso", especialmente acondicionado para pasar desapercibido en uno de los tres inmuebles construidos en la quinta. Lo detuvieron y trasladaron desde el aeródromo de esa localidad hasta el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde luego fue llevado a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal.

El hecho conocido como la "Masacre de Flores", ocurrió la madrugada del 17 de febrero de 1994 en Baldomero Fernández Moreno 1906 de ese barrio porteño, donde murieron José Bagnato (42), Olga Plaza (40), su esposa; Fernando (14) y Alejandro (9), sus hijos; y Nicolás Borda (11), un amiguito que se había quedado a dormir esa noche. El único sobreviviente del incendio fue el hijo mayor del matrimonio, Matías Bagnato, de 16 años en ese momento, quien se despertó en medio de la noche y cuando notó que todo estaba en llamas logró escapar por una ventana del primer piso de la vivienda.

Durante el juicio, para los jueces quedó claro que Álvarez González, de origen español y dueño de agencias de autos, había provocado el incendio porque, supuestamente, el padre de José Bagnato se había negado a devolverle alrededor de 200 mil pesos que le debía.

Luego de ser sentenciado, el asudado consiguió ser extraditado a España en 2004 para que completara la pena allí, pero a fines del 2008, y por lo que la Justicia argentina consideró un error de cómputo, quedó en libertad y regresó a Argentina con documentación apócrifa, dijeron los voceros.

El subsecretario de Delitos Complejos, Miguel Robles, precisó que la detención fue producto de diversas tareas de inteligencia, como "escuchas telefónicas, vigilancia encubierta en 47 viviendas diferentes y distintos seguimientos". Finalmente, los pesquisas averiguaron que Álvarez González estaba oculto en una casaquinta de Tortuguitas, presuntamente perteneciente a un familiar, hasta donde se trasladaron efectivos de Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Prefectura Naval.

Según denunció Matías Bagnato, el sobreviviente, desde hacía un año y medio sufría amenazas telefónicas del propio Álvarez González, por lo que dio aviso a la Justicia, que intervino sus teléfonos y le ofreció una custodia policial.