En cumplimiento de los procedimientos formales establecidos, Lima corrió vista a los demandados para que se interioricen del reclamo y le respondan en un plazo de 48 horas. Tras ese trámite, el magistrado estará legalmente en condiciones de expedirse acerca de mantener el aumento dispuesto o retrotraer el boleto a 1,10 pesos, hasta que se realice la audiencia pública que la Ley 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija como requisito para poder modificar las tarifas de servicios públicos.

La resolución podría producirse entre el viernes y el lunes, plazo durante el cual la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y el Premetro (Agtsyp) mantendrán liberados los molinetes en la principales estaciones durante los horarios pico en protesta por el aumento. Ayer, la fiscal Ana Di Iorio había pedido a Lima que habilitara la feria y resolviera los amparos porque se trata de "reclamos que afectan el interés ciudadano".

Los cuatro amparos fueron presentados el viernes pasado en el primer día de vigencia de la nueva tarifa por la ONGs Ciudadanos Libres y Consumidores Libres, con el respaldo de los legisladores Aníbal Ibarra, Delia Bisutti, Maria Elena Naddeo, Susana Rinaldi y Edgardo Form. Esta semana se sumaron los pedidos de medida cautelar presentados por la exlegisladora porteña Vilma Ripoll y los dirigentes del Partido Obrero, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal.

Di Iorio había enfatizado que el conflicto "afecta derechos ciudadanos, además de que el servicio de justicia no puede paralizarse por el receso de verano". Además de la medida cautelar, Ciudadanos Libres, que encabeza el abogado José Mangiocalda, denunció penalmente a Macri por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" por disponer el aumento sin llamar a una audiencia pública.