Martes, 17 de enero de 2012 | Hoy
13:10 › "MI PROBLEMA ES OYARBIDE"
El fiscal federal Gerardo Policitta citó a la hija del exagente de la Side a aportar elementos y formalizar las acusaciones contra su padre, Raúl Martins, por presunta trata de personas, sobornos a policías federales y funcionarios porteños, y realizar aportes a la campaña de Mauricio Macri. La mujer se reunió esta mañana con el funcionario judicial durante casi dos horas en las que no oficializó su denuncia debido a que exige el apartamiento del juez Norberto Oyarbide del caso, por ser éste “amigo” de su padre. No obstante, se le negó la recusación del magistrado en su ausencia y se le asignó una custodia en su vivienda particular, debido a las amenazas que sufrió desde que hizo la denuncia.
Lorena Martins llegó a Comodoro Py 2002 acompañada por su madre, quien también arribó desde España, y dos abogados de la organización no gubernamental La Alameda, que la asesoran de manera informal. El fiscal recibió ayer la investigación delegada desde el juzgado de Marcelo Martínez Di Giorgi y escuchó un nuevo reclamo de la denunciante para recusar del caso al juez federal Norberto Oyarbide, quien salió sorteado y se encuentra de vacaciones. Se le informó que el juez “no puede ser recusado en ausencia, sería abstracto, hay que esperar su retorno”, según informó Télam.
La mujer que denunció pagos de sobornos y trata de personas no ratificó de manera oficial las acusaciones ya que la citación para ello había provenido del juzgado, antes de delegarse la causa en la fiscalía. Ahora, Policitta, la convocó formalmente para el viernes a las 10 con el objetivo de efectuar la ratificación y aportar las pruebas que dice tener sobre lo denunciado, como correos electrónicos, registros de entrega de dinero y fotografías.
Sin embargo, la mujer dijo a la agencia oficial que analizará con sus abogados si presentarse y entregar las pruebas es ”jurídicamente seguro” mientras Oyarbide esté en el caso. “Mi problema es el juez Oyarbide”, definió. Según trascendió, en la entrevista con la fiscalía se le aclararon cuestiones procesales, pero no aportó pruebas de las denuncias hechas en diciembre ante la Unidad Fiscal contra la trata de persona porque argumentó no tenerlas consigo.
Antes de ingresar a los tribunales, la mujer había anticipado que se presentaría ante la Fiscalía con un escrito en el que solicitará que Oyarbide se aparte de la causa. "El viernes pasado presenté un escrito en la fiscalía federal pidiendo custodia personal y que (Norberto) Oyarbide se aparte de la causa, porque tuvo relación con mi padre. Pero no pasó nada, sólo me pusieron custodia para los traslados, en mi casa no", confió la mujer a DyN.
Martins hizo su primera denuncia el 26 de diciembre último ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (Ufase) por el delito de trata de personas, pero luego el expediente pasó a la Justicia federal y recayó en Oyarbide, que está de vacaciones. Según relató, este juez "es amigo" de su padre y principal denunciado.
Los supuestos prostíbulos, según la denunciante, son "Rouge y/o Brut", Vicente López 2257; "New Manhattan y/o "Fama", Rivadavia 7373/75; "Hot Area", Artigas 1490 y Juan B. Justo 5302; "Top Secret", Artigas 1438/46 y Juan B. Justo 5332; "Oba-Oba", Rivadavia 2434, Capital Federal; "Appart Hotel y Swinger Club Anchorena" Anchorena 1119/21. Además mencionó como supuestos integrantes de la red y titulares de las habilitaciones municipales de dichos locales a Leonardo Adrián Florit, Guillermo Martín Soto, Victoriana Rivero, Ivana Araceli Marcela Alvarez, Daniel Blanco Chamorro.
También aseguró que Omar Florit, padre de Leonardo Florit y encargado del "Appart Hotel y Swinger Club Anchorena", supuestamente se encarga de la provisión de "estupefacientes". Desde la sede del "Appart Hotel y Swinger Club Anchorena", supuestamente "se controlan todos los locales y se lleva la contabilidad de los ingresos y egresos, como ser el pago de coimas tanto a personal policial como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
En ese sentido, denunció que José Alejandro González, alias "Rocky", y Pablo Alfredo Paternostro, "son los encargados de pagar los arreglos tanto a policías como a municipales" a cambio de que "cada vez que se va a efectuar algún tipo de control, ya sea policial o municipal, quienes manejan esta organización ilícita son avisados con anterioridad".
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