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La causa, en la que también están imputados el tesorero de la entidad, Gustavo Solanas, la vicepresidenta de la Fundación, Mariana Schettini, y la secretaria Susana Molinari, comenzó a ser investigada por los fiscales Gabriel Sagastume y Virginia Bravo en 2002, cuando Piero era Subsecretario de Cultura bonaerense.

La audiencia comenzó pasadas las 10 sin la presencia de los cuatro imputados, por lo que la querella, a cargo de la fiscal suplente Helena De la Cruz Orsi, solicitó la declaración de "rebeldía" de tres de los acusados, ya que Molinari quedó exceptuada por no haber sido debidamente notificada.

La defensa de Piero, a cargo del abogado Miguel Angel Pierri, justificó su ausencia al señalar que "no fue notificado" sobre el cambio en la composición del Tribunal -uno de los jueces pidió licencia- y el reemplazo de la fiscal Maribel Furnus por De la Cruz Orsi, y solicitó la lectura de un oficio de último momento de Casación Penal sobre su planteo.

El tribunal leyó el documento emitido por la Sala I del Tribunal de Casación en el que se pidió al tribunal un informe "urgente" para saber si "se han cumplido los sistemas legales para la constitución del tribunal", si se "practicaron las notificaciones" respectivas y "si se extraviaron constancias". Con esos elementos, el TOC 5 resolvió entonces declarar en "rebeldía" a Piero, Schettini y Solanas, y dispuso una nueva notificación para Molinari y pospuso el juicio, que debía haber comenzado en 2009, pero que fue suspendido reiteradamente por planteos de la defensa.

Los imputados, según Sagastume y Bravo, "defraudaron al Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la provincia de Buenos Aires, percibiendo en su provecho sumas de dinero destinadas a becas de estudio para alumnos que debían concurrir a un centro de día", en ruta 4 y Corrientes de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz. La denuncia de la entonces subsecretaria de Minoridad, Cristina Tabolaro, advirtió que había un convenio entre el Ministerio y la Fundación "Buenas Ondas" y se "le otorgaban a la institución 40 medias becas mensuales destinadas a la atención de niños y adolescentes en situación de riesgo social".

Inspecciones al predio permitieron constatar "la ausencia de los menores respecto de los cuales se habían otorgado las becas", presuntas irregularidades que, según consta en la causa, fueron confirmadas en sede judicial por algunos beneficiarios, quienes revelaron que "nunca asistieron como alumnos" al lugar.