El viernes pasado, Bonadío había aceptado al Estado como querellante en la causa. Esto quiere decir que, a través de abogados del Ministerio de Planificación, podrá tener acceso al expediente y participación en el impulso de medidas de prueba. Para el juzgado esta decisión no impide ni deja descartada la posibilidad de que sean investigados funcionarios públicos con eventual responsabilidad en los controles sobre el estado de los trenes, el cumplimiento de normas y contratos así como la ejecución de subsidios públicos, aclararon allegados a la pesquisa.

Mientras tanto, en las vías del Sarmiento los peritos ya realizaron la primera “prueba dinámica” sobre los cuatro últimos vagones del tren que se estrelló la semana pasada en la que llegaron a observar que los frenos de esa parte de la formación funcionaban. Los investigadores advirtieron que se trata de un dato parcial, que no permite sacar conclusiones, ya que aún no se analizaron los compresores, ni cada vagón por separado ni los cuatro vagones de adelante, que son los que quedaron más deteriorados.