La apelación al sobreseimiento de Macri, dictada en primera instancia por la jueza María Fontbona de Pombo, fue presentada por Graciela Beatriz Cisneros, víctima de la patota de la UCEP. En la causa, Macri es investigado por 17 hechos de maltratos y violencia ejercida contra gente en situación de calle.

Los magistrados Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos hicieron lugar al reclamos de la querella sobre que "la premisa aceptada por la jueza (de primera instancia) a quo de que el imputado desconocía el modo en que supuestamente operaba la unidad creada por el decreto 1223/08" desestimaba "la falta de valoración del archivo digital en el que constaría un requerimiento de actuación del propio Macri en la calle Esteban De Luca".

"Es decir que, más allá de la legalidad o no del acto administrativo de creación de la UCEP, se cuestionó específicamente que, conociendo la presunta actividad ilícita de quienes conformaban el organismo mencionado, el imputado (como titular de la administración local) no evitó la continuidad de dicho proceder", resaltaron los magistrados que votaron por dar marcha atrás con el sobreseimiento de Macri.

Por su parte, el magistrado Alfredo Barbarosch consideró que "los agravios expuestos" por la querella "merecen ser atendidos", pero calificó la decisión de anular el sobreseimiento de Macri como una posición "absolutamente injustificada y desmedida".